Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción.
Paulo Freire
El Magisterio colombiano ha vivido desde sus inicios una travesía entre la negación de los derechos más elementales y las conquistas logradas a pulso, a pesar de todos los contradictores que han negado la posibilidad de una verdadera educación, basados en un criterio mezquino y ávido de poder.
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, al presentar un pliego de peticiones el próximo 26 de febrero de 2015, no sólo trasgrede líneas de pensamientos tradicional, sino que sigue en su empeño histórico de crear las condiciones para que la educación se funde más en el desarrollo humano sostenible, que en condiciones economicistas o en la simple dictadura de la economía de mercado.
La constante crisis de la educación pública como lo advierte la Federación de Educadores, es en síntesis lo que históricamente los gobiernos nacionales se han negado sistemáticamente a cumplir, a pesar incluso de los postulados de la Ley General de Educación, la cual está hoy en día pasados más de 20 años de su promulgación, huérfana de decretos reglamentarios en muchas materias coadyuvantes del proceso educativo, que debe ser mirado en conjunto (dada su complejidad), porque la educación es un todo, no una suma aritmética de partes sin conexión práctica.
Pues bien, hablar del salario docente no sólo se presenta como una necesidad y una urgencia, es el alimento vital y recompensa que un profesional de la educación demanda, frente a la dignidad de su formación, esfuerzo, dedicación y trabajo.
Un país que maltrata a sus niños no tiene futuro, un país que elimina socialmente a sus profesores a partir de la negación de sus derechos más básicos, tiene por resultado un país miserable y condenado a la dominación y al pseudo-desarrollo. Para la muestra un botón: si observamos el salario de enganche de un maestro del estatuto 1278 de 2002 el cual siendo licenciado desarrolla una profesión de 5 años de igual o superior responsabilidad a cualquier profesión conocida es de $1.411.890.oo. Lo absolutamente insólito es que dicho salario se convierte en la constante porque la posibilidad de ascenso es virtualmente nula – o mejor dicho dictada por la economía nacional -. Ahora, el estatuto 2277 de 1979 establece para esa misma categoría de profesional licenciado $1.188.666.oo, estatuto que nos lleva hasta un salario máximo de $2.711.939.oo después de veinte años de tiempo de servicio, un título adicional y un posgrado acompañado de créditos educativos.
Basta un vistazo a los salarios de enganche de otras entidades públicas para establecer que tan justas podrían ser las reclamaciones del magisterio: En la Fiscalía General de la Nación por ejemplo el salario más bajo del nivel profesional es de 2.294.050.oo hasta la suma de $7.500.000 en el cargo de profesional experto. En la Procuraduría General de la República el salario de un profesional es de $2.194.568.oo hasta $8.735.950.oo. En la Contraloría General de la Nación el salario de enganche profesional es de $3.226.108 y el salario de un profesional especializado es de $4.638.709.oo. En la Auditoría General de la República el salario profesional tiene una escala desde $2.273.922.oo a 4.590.560.oo.
Lo anterior demuestra entre muchas cosas una diferencia sustancial y disparidad frente a la asignación mensual de los servidores. Nace una pregunta ¿será que para el gobierno los docentes no son importantes?
Bueno esto se convierte automáticamente en una proclama por el derecho a la igualdad, no entre iguales, sino para que la docencia sea mirada como en países realmente desarrollados, ejemplos: muchos (Alemania, Singapur, Suecia, Noruega, Finlandia, Corea del Sur, China, entre otros), Colombia según el artículo de la revista semana http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/paises-que-mas-respetan-los-profesores/360334-3 está entre los primeros 10 que peor le pagan a sus docentes, igualmente dice la investigación que entre mejor se les pague a los docentes, aunada a la buena convivencia, al buen trabajo pedagógico, mejores serán sus estudiantes, que para el caso de Finlandia, insiste la encuesta realizada en este país que a los docentes aunque ganan muy bien, dicen, deberían ganar mucho mejor. No en vano estos países son exitosos en la prueba internacional Pisa.
Otro fenómeno que se cierne sobre la calidad educativa y que viene incluido en el pliego, tiene que ver con el parámetro docente-estudiante.
Colombia tiene un déficit acumulado de docentes que obliga a los mismos a atender muchos estudiantes por grupo, situaciones que se alejan de la práctica pedagógica moderna y que pueden atentar contra la estabilidad del sistema, dada la incidencia directa entre el estrés laboral y las enfermedades profesionales de los docentes, de hecho una incapacidad laboral difícilmente es cubierta por el sistema educativo.
En lo anterior subyace la necesidad de adoptar un sistema de salud que responda a las expectativas de los educadores y que no se convierta en un ridículo remedo de la cuestionada ley 100 que tanto daño le ha hecho al país.
Nada podrá hacerse de manera sensata en favor de la educación si la discusión nacional sigue sesgando los espacios en donde tercamente se han centrado los sectores políticos cavernarios, negando derechos y desconociendo los acuerdos con el argumento frívolo de que la política pública educativa es patrimonio de unos pocos.
La discusión de la política educativa es una discusión nacional que merece interlocutores que piensen en las futuras generaciones.
CELIO NIEVES HERRERA. Concejal de Bogotá
Proyectó: Mauricio Antonio Pava
