Algunos grupos de víctimas en Bogotá quieren extorsionar a la Administración Distrital

José David Castellanos concejal de Bogotá afirmó que en un chantaje y una extorsión, se convirtió la negociación de garantías para la participación de varios de los líderes de la Mesa Distrital de Participación de Víctimas en el Plan de Acción que se aprobó el viernes anterior.

La pasada Administración, le otorgaba a cada uno de  los líderes que participó en la Mesa Distrital de Víctimas un subsidio de transporte de $12.000 mensuales aproximadamente en Tarjeta de Transmilenio y refrigerio para asistir a sus reuniones. Ahora, en la negociación de las garantías actuales, estos líderes buscan recibir más de $50.000 por sesión en la Mesa Distrital y que dicha reunión se haga ahora semanal, lo cual significaría mas de $200.000 por mes para casi 600 participantes en las mesas distrital, autónomas y locales.

 

La Alta Consejería para los derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación de Bogotá tiene presupuestado en garantías de participación de la Mesa Distrital y las Mesas Locales, 5.200 millones para todo el cuatrienio y si accedieran a las peticiones aumentaría a cerca de 11 mil millones, es decir, el 10% del presupuesto total de la Alta Consejería.

 

El Concejal dijo: “Toda una política integral de Víctimas no se puede volver “transaccional” ni se puede ver sujeta a unos líderes que buscan intereses particulares y que solo participarán en el Plan de Acción Distrital de Víctimas si se les da el dinero que quieren. Tampoco quisieron participar en el Plan de Desarrollo Distrital.”

 

Para Castellanos elevar esa cifra y cumplirle esas exigencias a estos 26 líderes de la Mesa Distrital de Víctimas de Bogotá implicaría que se destinarían solo 11 mil millones de pesos en esas garantías para los representantes, recursos que podría utilizarse en proyectos de reparación integral a las todas las víctimas. Además los organismos de control han avalado las posiciones del Gobierno Distrital, asegurando que las garantías ofrecidas se ajustan a la normatividad vigente, incluidas las sentencias de la Corte Constitucional.

 

“Invito a esas 375 mil víctimas que viven en Bogotá a que participen en los espacios y programas que les ofrece la Administración y no se dejen manipular de aquellos que solo buscan entorpecer los procesos en la ciudad” concluyó el cabildante capitalino.

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