En la sesión plenaria del Concejo de Bogotá, durante el segundo debate del Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones para 2025, la concejala Ana Teresa Bernal, miembro de la bancada del Pacto Histórico, expuso su ponencia negativa frente al proyecto presentado por la administración distrital. Este presupuesto, que asciende a una cifra histórica, fue descrito por Bernal como un modelo que desconoce las necesidades estructurales de la Bogotá marginal y profundiza las desigualdades sociales y económicas de la ciudad.
Un modelo que excluye a la Bogotá olvidada
“La Bogotá marginal, donde se arrojan las basuras, la que necesita con urgencia de una universidad pública fortalecida, la que sobrevive gracias al rebusque diario, la que utiliza un transporte público indigno y la que enfrenta la violencia en sus calles, no está considerada en este presupuesto de forma estructural”, afirmó Bernal al iniciar su intervención. La concejala señaló que las propuestas presentadas en calidad de ponente y como representante de la oposición no fueron incorporadas, reflejando, según sus palabras, “una política de oídos sordos por parte de la administración”.
En su análisis, Bernal subrayó que, aunque se hicieron ajustes mínimos al presupuesto entre entidades, estos representan tan solo el 0,2 % del monto total, equivalente a aproximadamente $70 mil millones. “La redistribución de recursos no responde a las necesidades de los sectores más desfavorecidos de la ciudad. Se trata de un presupuesto que llegó a plenaria prácticamente idéntico al presentado por la administración”, enfatizó.
Endeudamiento insostenible y proyecciones irreales
Uno de los puntos más críticos señalados por Bernal fue el uso acelerado de la deuda pública. Según el proyecto presentado, se prevé un incremento significativo en el uso del cupo de endeudamiento, pasando de $2,3 billones prometidos en discusiones previas a $5,3 billones en la propuesta final. Esto representa un crecimiento del 162 % en los recursos de crédito interno, una cifra que la concejala calificó como “inviable” y como una “distorsión de las proyecciones financieras” previamente presentadas.
Bernal también cuestionó la presión fiscal que se impone sobre los ciudadanos, destacando un aumento del 36,1 % en las proyecciones de ingresos por sanciones y multas. “Esto implica que la administración espera que los ciudadanos cometan un 36 % más de infracciones. Es una apuesta por el fracaso de las medidas correctivas y del contrato social”, sentenció.
Además, criticó la inclusión de recursos del Gobierno Nacional sin confirmación oficial, lo cual calificó como “una práctica irresponsable”. En este sentido, recordó cómo en 2024 la administración terminó recortando programas sociales para cubrir el déficit del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), situación que podría repetirse en 2025.
Recortes en educación, salud y atención a las víctimas
La concejala fue enfática al denunciar los recortes en sectores esenciales como educación, salud y atención a las víctimas. Señaló que, pese a ser la ciudad más desigual del país, con un coeficiente de GINI de 0,54 y un 23,7 % de su población en pobreza monetaria, el presupuesto no prioriza de manera suficiente la lucha contra la pobreza y la desigualdad.
En educación, el presupuesto destinado a la Universidad Distrital aumenta apenas $14 mil millones, una cifra que Bernal considera insuficiente para atender las problemáticas denunciadas por su comunidad educativa. Asimismo, denunció que los programas de subsidios a la demanda, como Jóvenes a la U y Jóvenes a la E, están desfinanciando la educación pública y favoreciendo la privatización.
En salud, aunque el presupuesto crece un 6 % frente a 2024, no presenta un aumento real y continúa concentrándose en la prestación de servicios, dejando de lado el fortalecimiento de las subredes hospitalarias, que apenas reciben un 3 % del total. “A 2023, el 84 % del personal médico es contratista. La precariedad laboral sigue siendo una deuda pendiente en este sector”, afirmó.
Por otro lado, la atención a las víctimas del conflicto armado refleja un comportamiento regresivo, con una disminución del 30 % en comparación con el Plan Distrital de Desarrollo anterior. Según Bernal, esta reducción afecta directamente medidas de participación, inclusión productiva y reubicación de las víctimas. “Bogotá debilita su enfoque reparador en un momento en el que más se necesita”, agregó.
Movilidad insostenible y crisis ambiental
En materia de movilidad, Bernal cuestionó la falta de avances significativos en proyectos sostenibles como el metro. “Mientras en Bogotá seguimos apostando a TransMilenio como eje estructurante, no se destinó ni un solo peso a la Empresa Metro de Bogotá para proyectar las nuevas líneas que necesita la ciudad”, señaló. También destacó los retrasos en obras como las de la Avenida 68 y la Ciudad de Cali, donde algunos grupos presentan avances inferiores al 50 %.
En cuanto a la acción climática, la concejala denunció que el sector ambiente recibe apenas el 0,5 % del presupuesto total. “Con una crisis de agua que genera incendios en verano e inundaciones en invierno, es inaceptable que solo se destinen $62 mil millones al IDIGER y $167 mil millones a la resiliencia climática del Acueducto”, afirmó.
Cuestionamientos a la declaración de urgencia y su constitucionalidad
Durante su intervención, Ana Teresa Bernal cuestionó la legalidad de la declaración de urgencia que permitió el trámite del Proyecto de Acuerdo 842 de 2024 en la Comisión de Hacienda el pasado 3 de diciembre. La concejala señaló que esta urgencia fue motivada únicamente bajo los argumentos del artículo 43 del Reglamento Interno del Concejo y del artículo 140 del Estatuto Orgánico de Bogotá (EOB), sin que mediara un mensaje de urgencia del Alcalde Mayor, como lo exige la Constitución. Bernal subrayó que dicha actuación no solo plantea dudas sobre la constitucionalidad del procedimiento, sino que además podría configurar vicios de trámite y una posible invasión de las atribuciones exclusivas del Ejecutivo, contempladas en el marco constitucional y legal.
“La urgencia debe estar debidamente motivada y sustentada en una solicitud expresa del Alcalde Mayor, según lo establece nuestra Constitución. Si interpretamos que el artículo 43 del Reglamento otorga esta facultad a los presidentes del Concejo, estaríamos ante una disposición abiertamente inconstitucional que viola la jerarquía normativa y podría llevar a configurar una acción dolosa en la actuación administrativa”, afirmó Bernal. Asimismo, recordó que, según el artículo 43 del Acuerdo 741 de 2019, el tiempo reglamentario para convocar a sesión de las Comisiones Permanentes debe ser de mínimo tres (3) días calendario, salvo en casos de urgencia debidamente motivada, lo cual no se cumplió en este caso.
Bernal también criticó que la única excepción para convocatorias urgentes, según el artículo 30 del Reglamento Interno, aplica exclusivamente para el trámite de impedimentos y recusaciones en las sesiones plenarias, y no puede extenderse arbitrariamente a las Comisiones Permanentes ni sustituir la atribución constitucional del mensaje de urgencia, que es una potestad exclusiva del Ejecutivo. En este sentido, instó al alcalde Carlos Fernando Galán a formular objeciones jurídicas por inconstitucionalidad o ilegalidad a este posible Acuerdo, dado que el trámite irregular constituye una vulneración al principio de legalidad. “La urgencia con la que se tramitó este presupuesto es otra razón más para decirle NO a este Proyecto. El procedimiento debe respetar las reglas, porque de ello depende la legitimidad de nuestras decisiones y el cumplimiento de los principios constitucionales”, concluyó.
Para cerrar su intervención, Bernal cuestionó el enfoque general del presupuesto 2025, al que calificó como “desconectado de la ciudadanía”. “Los hogares de víctimas que viven en pobreza monetaria, las comunidades que necesitan transporte digno y los jóvenes que exigen acceso a una universidad pública robusta no fueron escuchados. Este presupuesto no responde a las necesidades de la Bogotá que sufre y lucha por salir adelante”, concluyó.
Con esta ponencia, Ana Teresa Bernal reitera su compromiso con una ciudad más equitativa, inclusiva y sostenible, y llama a la administración distrital a replantear las prioridades para responder de manera efectiva a las demandas de la ciudadanía.
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