En el marco de la continuación del debate de control político sobre el impacto del aumento del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente en el presupuesto distrital y el cumplimiento de metas de las entidades del Distrito, la concejala Ana Teresa Bernal intervino en la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá para fijar su posición frente a la reciente decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que estableció el incremento del 23,7 % del salario mínimo para 2026.
La decisión del alto tribunal, adoptada como medida cautelar, ordena que se expida un decreto con un porcentaje transitorio mientras se estudia de fondo la legalidad del aumento. El Consejo de Estado argumentó que el decreto 1469 habría omitido el desarrollo suficiente de los criterios técnicos establecidos en el artículo 8 de la Ley 278 de 1996, relacionados con inflación, productividad, crecimiento del PIB, contribución de los salarios al ingreso nacional y meta de inflación.
Durante su intervención, Bernal fue enfática en señalar que el debate no puede limitarse a una discusión técnica ni reducirse a un supuesto impacto fiscal en Bogotá. “El salario vital no es un capricho ideológico. Es una política pública orientada a cerrar brechas históricas y a reactivar la economía desde abajo. Priorizar el poder adquisitivo de las mayorías es fortalecer la demanda interna, la formalidad y la cohesión social”, afirmó.
La concejala recordó que Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina y que, incluso con el incremento proyectado para 2026, el país continúa teniendo uno de los salarios mínimos más bajos dentro de la OCDE, superando únicamente a México entre los miembros con salario mínimo legal. En contraste, en varias economías europeas los salarios mínimos superan los 700 y 1.000 dólares mensuales, y en países como Suiza superan ampliamente los 4.000 dólares.
“Hablar de ‘exceso’ desconoce que venimos de una pérdida acumulada de poder adquisitivo. Este aumento no es una extravagancia, es una corrección tardía frente a brechas que el mercado nunca resolvió por sí solo”, sostuvo.
Bernal también cuestionó que se pretenda responsabilizar al incremento salarial de un eventual déficit distrital superior al billón de pesos, sin abrir el debate sobre otros factores estructurales. “Si hay un déficit, la pregunta no es por qué mejora el ingreso de los trabajadores. La pregunta es por qué el modelo de contratación pública depende de salarios bajos; por qué no se revisan exenciones, sobrecostos e ineficiencias; y por qué no se enfrenta con decisión la corrupción que drena recursos públicos”, señaló.
En ese sentido, recordó que la Radiografía de la Corrupción 2016–2022 evidenció más de 21 billones de pesos comprometidos en hechos de corrupción a nivel nacional y que, según la encuesta Bogotá Cómo Vamos (2025), el 51 % de los bogotanos considera que la corrupción ha aumentado en la ciudad, el nivel más alto desde 2017.
La concejala insistió en que el salario vital no se fuga a paraísos fiscales ni se acumula en balances financieros, sino que se invierte en alimentos, transporte, arriendo, comercio local y servicios básicos, generando un efecto multiplicador sobre la economía urbana y el recaudo tributario.
Asimismo, cuestionó el discurso que plantea un supuesto impacto negativo sobre el comercio: “Cuando se habla de afectación a los establecimientos comerciales, rara vez se distingue entre la tienda de barrio y las grandes superficies. No se puede usar al pequeño comerciante como argumento para proteger márgenes de rentabilidad elevados”.
Finalmente, Bernal reiteró que el debate sobre el salario mínimo es ético, económico y social. “Una ciudad con trabajadores mejor remunerados reduce pobreza laboral, informalidad y presión sobre subsidios; mejora cohesión social y disminuye conflictividad urbana. Eso también es salud fiscal a mediano y largo plazo. Lo que está en juego no son números fríos, es el tipo de ciudad que queremos: una que equilibra sus cuentas empobreciendo a su gente, o una que fortalece su economía cerrando brechas y dignificando el trabajo”.
La concejala concluyó que el Concejo de Bogotá debe dar una discusión rigurosa y responsable, evitando supuestos y colocando en el centro del debate la justicia social, la sostenibilidad fiscal estructural y la defensa del trabajo digno.
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