Como parte del seguimiento del Concejal Julián Rodríguez Sastoque sobre los graves casos de cartelización en las compras públicas de alimentos, especialmente en el Programa de Alimentación Escolar PAE la Fiscalía ha dado respuesta oficial sobre el estado de los casos.
La cartelización en el Programa de Alimentación Escolar por parte de algunos empresarios que, como indica la evidencia recolectada por la Superintendencia de Industria y Comercio SIC, hicieron uso de acuerdos restrictivos de la competencia para asegurarse una cuota de mercado en el Programa de Alimentación Escolar y las compras de raciones Militares.
De la investigación de la SIC, esa autoridad administrativa ha abierto 3 casos: 1) El caso por la compra de raciones militares, 2) El caso sobre la compra de frutas y hortalizas en el PAE de Bogotá y 3) Un afamado macro caso sobre el PAE de Bogotá. Sobre ellos, la Superintendencia ha proferido sanciones en los casos de las raciones militares y de frutas y hortalizas, mientras que en el macro caso del PAE formuló pliego de cargos.
Al preguntar a la Fiscalía cómo van las investigaciones penales de los hechos relacionados en las resoluciones de la SIC, casos sobre los que no sobra decir que se han compulsado copias al ente acusador, la Fiscalía responde que sobre el macro caso del PAE tienen investigación abierta y “han realizado actividades de policía judicial para investigar ha contado con actividad judicial constante, emitiéndose distintas órdenes de policía judicial, siendo la última el día 5 de mayo de 2021, correspondiente a búsqueda en base de datos de acceso público”.
Mientras tanto, sobre los casos de raciones militares y frutas y hortalizas en el PAE, es decir aquellos sobre los cuales la SIC ya encontró mérito suficiente para proferir sanción, no hay investigación abierta en la Fiscalía. Así mismo, el ente acusador informa que en ninguno de los casos se ha formulado imputación ni acusación.
Solo el avance de las causas penales, por el delito de acuerdos restrictivos de la competencia en la contratación pública, señalado en el artículo 410A del Código Penal podría inhabilitar los empresarios que presuntamente han participado de la cartelización.
Por eso, de manera respetuosa el Concejal Rodríguez Sastoque exhorta a la Fiscalía a priorizar y adelantar las investigaciones pertinentes teniendo en cuenta que en la adjudicación del PAE estos grupos empresariales resultaron ganadores con la adjudicación de cerca de la mitad del Programa como demostró la investigación del concejal.
