Mientras la delincuencia no da tregua en Ciudad Bolívar, donde se presentaron 240 homicidios en 2025, el registro más alto en los últimos años, la contratación de vehículos para combatir el crimen ha estado demorada por la negligencia administrativa.
El concejal de Bogotá, Julián Sastoque, denunció que el Contrato CCV-964-2025, por 2.311 millones, destinado a dotar a la Policía con 32 motocicletas, una camioneta y una VAN para traslado de capturados, reporta una ejecución física y presupuestal del 0 %, a pesar de que debía empezar a ejecutarse en el mes de noviembre.
Hasta el día de hoy, el contratista GAMMA AUTOMOTORES S.A.S, no ha entregado ni un solo vehículo a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, demorando estas herramientas críticas para la vigilancia y el traslado de detenidos en una de las zonas con más alta inseguridad de la ciudad.
La gravedad del hallazgo no solo radica en la falta de equipos, sino en una cadena de maniobras jurídicas sospechosas para evitar sancionar al incumplido. El concejal Sastoque revela que la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, en lugar de declarar el incumplimiento y hacer efectiva una póliza de garantía que supera los 1.000 millones de pesos, optó por suspender el contrato exactamente el día de su vencimiento legal (10 de abril).
Fuente: Acta suspensión no. 1 del 10 de abril de 2026.
El contrato fue reactivado el 17 de abril y, en un corto tiempo, se le otorgó una prórroga, evidenciando una posible maniobra para blindar al contratista frente a las consecuencias legales de su ineficiencia. Prórroga que no cuenta con un respaldo documental o acta donde ambas partes suscriben la modificación publicada en SECOP II.
La "prueba reina" de esta improvisación quedó consignada en el Acta de Suspensión No. 2 del pasado 20 de abril. En un reconocimiento tácito de su error al contratar, la administración admite que el contratista original no tiene la capacidad de cumplir y justifica una nueva suspensión para "buscar desesperadamente" a un tercero que asuma el contrato.
Finalmente, hasta la semana pasada, el mismo día viernes 24 de abril cuando terminaba la segunda suspensión, se hizo una modificación del contrato otorgando una nueva prórroga de tres meses. Aunque aparecen facturas del inicio de compra de las 32 motos, se hizo durante la suspensión de la semana pasada, lo cual debió haber ocurrido desde el mes de noviembre y los 5 meses de plazo que tenían para ejecutar.
Sin embargo, es inaceptable que se permita y avale el incumplimiento y la demora de un contratista, en vez de sancionar y acelerar el proceso, lo cierto es que hoy no hay ni una sola de estas motos nuevas patrullando por la localidad.
"Es inaceptable que mientras los policías en Ciudad Bolívar tienen que ver cómo responden a las emergencias con recursos limitados, la administración escoja mal a los contratistas y luego haga malabares para no tomar las medidas legales", advirtió Sastoque.
