Este domingo 24 de abril se convocó Sesión Plenaria Extraordinaria, llevándose a cabo la continuidad del debate de control político de conformidad con las siguientes proposiciones: 089, 102 y 150 de 2022, de las bancadas Colombia Humana, Polo Democrático Alternativo y Alianza Verde.
La concejala Ana Teresa Bernal, como citante de la iniciativa, inició manifestando que el tema de las víctimas no es menor en una sociedad dónde hay más de nueve millones de personas víctimas por la violencia, según datos oficiales del Gobierno Nacional. “El país no está en paz y la violencia es pan de cada día en los departamentos del Choco, Arauca, Cauca, Norte de Santander”, manifestó la concejala.
La cabildante resaltó las medidas generales de ley para las víctimas en Bogotá y las responsabilidades que tiene el Gobierno Nacional y el Gobierno Distrital, como la atención y asistencia integral a víctimas, reparación integral, prevención y protección y la construcción de paz y reconciliación. Explicó, que en el año 2021 el registro de la población de víctimas del conflicto armado que reside en Bogotá fue de 378.676 personas. También destacó la problemática del Parque Nacional donde comunidades de indígenas se tomaron el parque como su lugar de vivienda, víctimas que se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad.
A su turno, la concejala Susana Muhamad enfocó su intervención en la situación del Parque Nacional de Bogotá. Aseguró que la capital de Colombia es la cuidad con más recursos y capacidades institucionales y que el Gobierno Nacional debe ser corresponsable con las víctimas. La cabildante dijo: “¿Por qué trece pueblos indígenas se ubicaron en el Parque Nacional? Y la respuesta es sencilla, porque es una protesta social que necesita visualizar la situación.” Además, destacó que el objetivo del debate es buscar una solución de fondo, porque la situación humanitaria es crítica en el parque y es de verdad una vergüenza para la ciudad Bogotá.
La concejala Muhamad, habló sobre las tutelas y expuso que la primera tutela básicamente exigió a la administración que mantuviera la mesa de diálogo, la segunda le exige al ICBF y a las autoridades indígenas a que se realice la caracterización para la ayuda humanitaria de emergencia. Y la tercera tutela se enfoca en la caracterización de la población indígena, la reubicación en condiciones de habitabilidad, identidad étnica, costumbres religiosas y ancestrales, asistencia médica, garantía de agua potable y seguridad alimentaria. La cabildante hizo las siguientes propuestas en su intervención: ganar confianza, buscar salidas por fuera de las casillas establecidas y volver a retomar el proyecto de la Bogotá Humana de la gran ciudadela indígena de Usme.
El debate continuó con la participación del concejal Celio Nieves, quien expresó que lo ideal sería no tener que hacer estos debates, “pero como no vivimos en un país de tranquilidad sino en un país atravesado por una historia de violencias y existe una realidad social, económica, política que obliga a que se hagan este tipo de debates”. El cabildante enfatizó en las cifras alarmantes que en vez de disminuir, cada día incrementan: al 28 a febrero del año 2022 se registraron más de 9.250.453 personas que han sido víctimas del conflicto armado en Colombia. Ante esto el concejal preguntó ¿Dónde están las políticas sociales, la defensa de la vida en el territorio y la atención de la pobreza allá en el territorio?
El concejal Nieves, puntualizó que, a partir del marco jurídico, la Alta Consejería y el Observatorio de Víctimas deberían construir una batería de indicadores propios que midan el impacto de sus acciones en las condiciones de vida de las víctimas, estos indicadores pueden ser parte o no del informe del goce efectivo de los derechos de las víctimas paz y recolocación en Bogotá.
Una vez terminada la intervención del concejal Nieves, se suspendió el debate que continuaría en una próxima sesión.
Concejo de Bogotá
