A pesar de todos los esfuerzos del Gobierno Nacional para evitar que la Minga Social del Suroccidente se movilice y llegue a la capital del país, y de intentar desconocer la legitimidad de su organización e interlocución con el poder político regional y nacional, estamos próximos a ver entrar en nuestra ciudad a una de las formas de movilización y negociación ancestral más importantes de la ciudadanía.
La estigmatización sistemática que siguen padeciendo las luchas sociales y las organizaciones de la sociedad civil ha contribuido a fortalecer el compromiso democrático y la convergencia de diversos sectores que se sienten representados con la protesta social, con lo cual es importante advertir que la Minga no expone exclusivamente los reclamos y las denuncias sobre las situaciones que siguen aquejando a los pueblos indígenas del país, no. Su espíritu pacífico, el ejercicio del diálogo constructivo y compromiso en la construcción de la paz los ha convertido en la mayor expresión de inconformismo y de protesta social a nivel nacional.
Es necesario recordar que la movilización social que viene en camino desde Santiago de Cali es una expresión ciudadana de compromiso con la paz y con la negociación política por los canales institucionales para buscar las fórmulas de alternativa que superen las demandas históricas y que no solo buscan desactivar las expresiones de violencia armada en las regiones.
Por lo anterior, invité muy respetuosamente a la Bancada por la Paz y los Derechos Humanos, de la cual hago parte, a acompañar la movilización, abrir y facilitar los espacios posible de encuentro, diálogo y concertación, tanto para la reconstrucción de la confianza como para el cumplimiento de la hoja de ruta previamente establecida con el Estado –léase los acuerdos incumplidos- que este gobierno nacional no ha sabido honrar.
Estoy seguro que la Administración Distrital hará lo que le corresponde para garantizar el arribo y permanencia de la Minga y que exigirá el estricto cumplimiento de las normas de convivencia, salubridad, movilidad y orden público a quien corresponda. Sin embargo, no podemos perder de vista que los liderazgos sociales y comunitarios siguen en riesgo, que la seguridad en los territorios sigue siendo una deuda como lo evidencian más que los 250 indígenas asesinados los 232 excombatientes de las FARC asesinados desde la firma del Acuerdo Final de Paz, y los 225 líderes sociales asesinados en lo corrido de este año.
La defensa de la vida, el territorio y la paz son una consigna que nos abriga a todos y todas, y por ello una vez más la protesta social y pacífica sigue siendo válida y necesaria.
Concejal de Bogotá
