- Cerca del 5 % de la población de Bogotá corresponde a víctimas del conflicto armado, indicó la concejal Ana Teresa Bernal.
- Kennedy, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, Bosa, Santa Fe y Usme, localidades con mayor índice de desapariciones en la capital, advirtió el cabildante Julián Espinosa.
En sesión plenaria, el Concejo de Bogotá realizó un debate de control político sobre la situación de las víctimas del conflicto armado en la ciudad, así como sobre la problemática de las personas desaparecidas en el Distrito, citado por las bancadas de los partidos Colombia Humana y Alianza Verde.
Durante el inicio de la jornada, la concejal Ana Teresa Bernal, junto con los cabildantes José Cuesta, Julián Espinosa, Julián Sastoque y Julián Triana señalaron que las víctimas del conflicto armado en la capital han perdido centralidad en la política pública. Indicaron que, pese a los esfuerzos adelantados por el Distrito en esta materia, persisten dificultades para garantizar el restablecimiento pleno de sus derechos, lo que mantiene a estas personas en riesgo de revictimización.
En ese contexto, señalaron que cerca del 5 % de la población de Bogotá corresponde a víctimas del conflicto armado, siendo las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy las zonas con mayor concentración territorial de esta población. A partir de estas cifras, los cabildantes advirtieron fallas en los procesos de atención, particularmente en la desarticulación de la ruta de inclusión social y productiva. Indicaron que durante varios años no se actualizaron los montos de alojamiento y alimentación destinados a la atención humanitaria inmediata, lo que ha generado rezagos en la respuesta institucional. En esa línea, señalaron la ausencia de un sistema articulado que permita a las víctimas superar las condiciones en las que llegaron a la ciudad.
La deliberación también abordó la pérdida del enfoque reparador y diferencial en los procesos de atención, así como el deterioro de las condiciones socioeconómicas de esta población. Según lo expuesto, el sistema SISBÉN, aunque permite focalizar la oferta social, también genera barreras de acceso para algunas víctimas que no se encuentran registradas o clasificadas en los niveles requeridos para acceder a programas y subsidios.
De igual forma, los concejales destacaron que la persistencia de ciclos de violencia en el país limita la reducción del número de víctimas, al tiempo que señalaron la necesidad de fortalecer la gestión interinstitucional en torno a los pilares del Acuerdo de Paz: verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. Asimismo, en relación con los procesos de retorno y reubicación, advirtieron que la falta de compromiso institucional ha sido uno de los principales obstáculos para su implementación efectiva.
En materia presupuestal, alertaron sobre la reducción en los recursos destinados a proyectos de fortalecimiento de capacidades institucionales y de la sociedad civil para la implementación del Acuerdo de Paz y la garantía de derechos de las víctimas. Indicaron que el presupuesto pasó de 39.497.556.000 en 2025 a 30.495.400.000 en 2026, lo que representa una disminución del 22,49 %, en contraste con el incremento del 5,17 % en el número de víctimas en la ciudad.
En cuanto a la situación de personas desaparecidas, los cabildantes señalaron que Bogotá concentra 4 de cada 10 casos de desaparición en el país, llegando a registrar anualmente cerca de 2.000 desapariciones. Este fenómeno se presenta con mayor incidencia en localidades como Kennedy, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, Bosa, Santa Fe y Usme. Adicionalmente, indicaron que durante 2024 y 2025 el grupo poblacional más afectado corresponde a niñas entre los 10 y 17 años, lo que estaría relacionado con el incremento de delitos como la trata de personas, que registró un aumento del 48,15 % al comparar el periodo de enero a marzo de 2025 frente al año en curso.
Frente a esta problemática, los concejales resaltaron la importancia de fortalecer la pedagogía ciudadana sobre los mecanismos de denuncia, destacando que las primeras horas tras una desaparición son determinantes para la activación de las rutas de atención. En ese sentido, hicieron un llamado a la ciudadanía a utilizar los canales oficiales, como la línea 123, así como evitar la difusión de información sensible en redes sociales para evitar fraudes o extorsiones.
Finalmente, la Corporación instó a mejorar la articulación entre las entidades del Distrito para garantizar una atención integral a las víctimas del conflicto armado y avanzar en la visibilización de sus problemáticas. Asimismo, solicitó fortalecer los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas e incorporar un enfoque sociodemográfico en las estrategias de atención, focalizando las intervenciones en las localidades con mayor incidencia de casos.
