- Aunque Bogotá ha hecho importantes esfuerzos en prevención y vigilancia, la concejal Cristina Calderón Restrepo señaló que la ciudad sigue asumiendo sola el impacto de delitos que requieren intervención nacional urgente.
- Con más de 1.400 armas incautadas y más de 53.000 casos de violencia reportados en el último año, la concejal del Nuevo Liberalismo pidió fortalecer la articulación entre Bogotá y el nivel nacional para enfrentar con mayor contundencia la inseguridad en la ciudad.
En la continuación del debate de control político citado por la Proposición No. 431 de 2025 sobre presupuesto para seguridad, la concejal Cristina Calderón Restrepo reconoció los avances logrados por el Distrito, pero advirtió que persisten obstáculos estructurales que impiden enfrentar de forma integral los desafíos en esta materia.
Calderón Restrepo destacó la inversión sostenida en tecnología, el impulso de campañas de prevención y la coordinación con la Policía Metropolitana como esfuerzos valiosos por parte de la Administración Distrital. No obstante, señaló que hay retos que desbordan las capacidades locales y requieren mayor articulación y corresponsabilidad por parte del nivel nacional.
Uno de los casos más críticos es el tráfico de armas. Entre 2024 y febrero de 2025 se incautaron 1,407 armas en Bogotá, con una concentración del 30 % en Kennedy y Ciudad Bolívar. Aunque el Distrito ha buscado articulación, no cuenta con acceso a bases de datos ni a sistemas de inteligencia necesarios para responder con eficacia.
“La ciudad enfrenta los efectos directos del tráfico, pero no tiene las herramientas ni la información para actuar con autonomía”, señaló la concejal, subrayando la urgencia de un enfoque nacional estructurado.
También se abordó el delito de extorsión, con 2,617 denuncias registradas en 2024 y una alta concentración en cinco localidades. La campaña #PagarNoPaga, diseñada desde el Distrito, alcanzó a más de 14 millones de personas y logró cambiar el comportamiento de quienes reciben llamadas extorsivas. Aun así, Calderón Restrepo advirtió que, sin un respaldo continuo del Gobierno Nacional, estas estrategias pueden quedarse aisladas, ya que la extorsión involucra redes que superan el ámbito local y requieren trabajo conjunto con los Ministerios de Justicia y Defensa.
Otro punto clave que mencionó Calderón Restrepo fue la necesidad de evaluar el impacto real de la video vigilancia. Desde 2020, se han destinado más de $844,000 millones a la Policía Metropolitana y se han vinculado al sistema C4 más de 8,000 cámaras públicas y 4,150 privadas. Sin embargo, no existe una metodología nacional que permita establecer con claridad cuántos delitos se evitan, se esclarecen o cuál es el tiempo promedio de respuesta ante una alerta la concejal reiteró la necesidad de construir indicadores comunes junto con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional para hacer seguimiento y mejorar con base en datos comprobables.
“La ciudad ha mostrado voluntad política y capacidad de ejecución, pero hay un límite evidente: el diseño del sistema de seguridad en Colombia es profundamente centralizado. Mientras Bogotá asume los impactos, muchas de las decisiones estratégicas se toman desde el nivel nacional, sin coordinación efectiva ni transferencia de capacidades. Por eso insistimos en avanzar hacia una gobernanza en seguridad más descentralizada, con información compartida, funciones claras y recursos acordes al tamaño del reto”, concluyó la concejal.
