Pese a los reiterados cuestionamientos de los bogotanos frente a las decisiones distritales en materia ambiental, el Alcalde Enrique Peñalosa insiste en que llevar a cabo las obligaciones que se establecen en el Plan de Manejo Ambiental – PMA - de la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá D.C. “Thomas van der Hammen” aprobado mediante el Acuerdo CAR 021 de 2014 no es realizable, puesto que se deben comprar 534.61 hectáreas destinadas para la restauración, las cuales corresponden a predios privados que según él cuestan 800.000 millones de pesos.
Frente a esta afirmación, cabe aclarar que el costo total aproximado de este PMA es de 235.578 millones de pesos,[1] plan que además contiene el programa “Administración” y el proyecto de “Compra de predios para la conservación” asignándole un nivel de prioridad alto con un horizonte de mediano plazo y una duración de cinco (5) años.
Dicho proyecto tiene como presupuesto estimado de 154.911 millones de pesos el cual representa el 65.8 % del costo total del PMA, éste incluye los procesos de enajenación voluntaria o expropiación necesarios para la adquisición de los predios, el desembolso a los propietarios y el equipo interdisciplinario que llevaría a cabo dichos procesos.
Es pertinente recordar que en la anterior administración se dio inicio al proceso de adquisición predial para lo cual la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB- destinó aproximadamente 21.000 millones de pesos.
Por otro lado, mediante el Acuerdo 005 de 2015 fueron adicionados al presupuesto de ingresos y gastos del Fondo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático – FONDIGER –, 90.000 millones de pesos provenientes de las utilidades de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP – EAB – los cuales fueron destinados al financiamiento de la adquisición predial y restauración ambiental de la Reserva Thomas Van der Hammen. Recursos que fueron asignados a la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA – desde el año 2015, según se establece en el Acta No. 2 -2015 de la Junta Directiva del FONDIGER.
Otra acción mediante la cual Peñalosa demostró claramente su interés por urbanizar tanto la reserva como el borde norte de la ciudad, dejando de lado la restauración ecológica de los predios que cuentan con altos valores para la conservación, fue la derogatoria a comienzos de diciembre de 2016 de la Resolución 0835 de 2015 de la SDA mediante la cual se “declaraban de utilidad pública e interés social” áreas de terreno que permitirían la conectividad ecológica entre los Cerros Orientales y el Valle Aluvial del Río Bogotá.
La descripción de los anteriores hechos conduce a afirmar que es cuestión de voluntad política conservar la reserva, pues el costo de dar cumplimiento a lo establecido en el PMA por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR- en el año 2014 representa tan solo el 0.25% del costo total del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”. En segundo lugar, desmiente lo afirmado por Peñalosa al decir que la adquisición de las 534.61 hectáreas cuesta 800.000 millones de pesos, esto también argumentado en que el costo del suelo corresponde a suelo rural y no a suelo urbano por tanto los predios para llevar a cabo el Plan de Manejo de la reserva cuestan apenas el 19% de la cifra que afirma el alcalde.
Dentro de este contexto, es pertinente hacer un breve análisis de los recursos aprobados por el Concejo de Bogotá a Peñalosa para materializar sus intereses trazados en el Plan de Desarrollo, esto con el fin de demostrar que no es la falta de recursos lo que impide la conservación de un área de gran relevancia ambiental para la Capital de la República y la para la región.
El presupuesto para la Administración de Enrique Peñalosa parte en 2016 con más de 5 billones de pesos producto de la armonización presupuestal entre el Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana y el plan de Desarrollo de la Bogotá Mejor para Todos, a partir de allí se autoriza una adición de recursos al presupuesto por 377.874 millones de pesos.
En la aprobación del Plan de Desarrollo en la estrategia financiera se da vía libre a la gestión de recursos para la gran apuesta del gobierno en materia de Asociaciones Público Privadas por un monto de 13 billones de pesos, se autorizan vigencias futuras durante 10 años por un monto de 817.549 millones de pesos, en el mismo año se autoriza enajenar el 20% de la participación accionaria en la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. que representa 3.5 billones de pesos, se da la aprobación al presupuesto para el año 2017 por 18 billones 820.000 millones.
En 2017, se autoriza un cupo de endeudamiento por 3 billones 106.000 millones de pesos para la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAB-E.S.P., se autoriza una adición al presupuesto de ese mismo año por 225.837 millones de pesos, sumado a esto el cabildo distrital aprueba un cupo de endeudamiento para la Administración Central por un monto total de 6 billones 960.000 millones de pesos, en este mismo periodo, autoriza vigencias futuras ordinarias para la cofinanciación del metro elevado por 6 billones 087.000 millones de pesos.
Para el año 2018, se da la aprobación del presupuesto por un monto total de 20 Billones 919.000 millones de pesos, se autoriza un cupo de endeudamiento para la Empresa Metro S.A., por 10 billones 850.000 millones de pesos y se aprueban para la Secretaría de Educación vigencias futuras por un monto de 336.674 millones de pesos.
Así las cosas, se han aprobado un monto total de 90 billones 154.000 millones de pesos al gobierno Peñalosa.
Concluyendo entonces, Bogotá puede financiar los 235.578 millones de pesos que cuesta el Plan de Manejo Ambiental de la Reserva “Thomas van der Hammen” se comprueba que no es falta de recursos el problema de impulsar y materializar un proyecto que beneficie a Bogotá, el problema radica en la voluntad política y la priorización de los negocios que favorecen en mayor medida a los grandes poderes económicos e impactan negativamente la calidad de vida de los bogotanos y las finanzas públicas de la ciudad.
[1] Costo estimado precios constantes 2014, establecido en el componente estratégico del “Plan de Manejo Ambiental”.
