Desde el Concejo de Bogotá denuncian crisis en materia de justicia policiva en la ciudad.
En el marco del debate de Control Político sobre el inventario y situación jurídica de los bienes fiscales ocupados y construidos a través de asentamientos humanos en el Distrito Capital, citado por el Concejal David Ballén del Partido de la U; la Concejal Xinia Navarro manifestó que al interior de las inspecciones de policía se están presentando irregularidades con las querellas ciudadanas relacionadas con asentamientos ilegales, afirmando que hay negligencia por parte de los Inspectores de Policía, quienes tienen represados hasta 5 mil procesos y que además anuncian que las respuestas jurídicas se darán a partir de dos años. Así mismo señaló que la inspección, vigilancia y control que ejercen las Alcaldías Locales a los asentamientos ilegales es casi nulo, razón por la cual denunció que actualmente Bogotá presenta una crisis en materia de justicia policiva.
Frente a lo anterior y en aras de brindar soluciones reales a las familias que terminan ubicadas en terrenos fiscales informales como consecuencia de ser víctimas de estafas o engaños por parte de vendedores de tierras ilegales, la Concejal María Victoria Vargas indicó que se requiere tener funcionarios transparentes en las Alcaldías Locales que no negocien con las necesidades de la gente, como ocurre actualmente con el manejo de las querellas policiales que imponen los ciudadanos.
En cuanto a la presencia de asentamientos ilegales en Bogotá, los concejales Nelson Cubides, Jorge Durán y Celio Nieves indicaron que esta problemática de debe a varios aspectos, dentro de los que se encuentran: La ausencia de una Política Pública de vivienda; la falta de un inventario completo de los bienes fiscales existentes en Bogotá y la poca celeridad en el saneamiento de los procesos jurídicos de aquellos asentamientos que requieren de legalización.
Por su parte, los concejales Manuel Sarmiento, Diego Devia y Andrés Forero solicitaron respuestas sobre los procesos de legalización de bienes fiscales ilegales como el caso de Tocaimita y el barrio Las Brisas; además pidieron presencia del Gobierno Distrital en el parque Entre Nubes de la localidad de Usme, puesto que se está aumentando la presencia de asentamientos ilegales, afectando la seguridad de los habitantes del sector.
En cuanto a los bienes que están siendo objeto de los Planes Parciales de Renovación Urbana que adelanta el Distrito, el Concejal Jorge Torres solicitó saber de qué manera garantizan que dichos predios no sean invadidos por bandas delincuenciales.
El Concejal David Ballén concluyó su debate haciendo un llamado a la Administración para que aceleren los procesos de titulación de los barrios ilegales en la ciudad y que les garanticen soluciones integrales a las familias que se ven afectadas por las estafas de bandas criminales conocidas como “los tierreros”.
Atentamente,
Oficina Asesora de Comunicaciones del Concejo de Bogotá