Crisis Social, Económica y Ambiental
Habitantes del barrio María Paz en la localidad de Kennedy se definen auto secuestrados, pues han tenido que encerrarse tras rejas en sus propias casas para protegerse. Según lo describen en sus testimonios, viven sometidos al miedo, a la inseguridad, a la zozobra, a la intimidación, amenazas, agresiones, atropellos y malos tratos de parte de quienes ostentan dominio en la dinámica de este sector.
A solo unas cuadras se encuentra ubicado un Jardín Infantil rodeado de coroteros, recicladores y expendedores de drogas, la niñez está expuesta y desprotegida.
Urge además, mitigar los impactos urbanísticos negativos derivados del desarrollo de los usos dotacionales de Corabastos como se ve en el entorno y en la invasión del espacio público, la gestión del tráfico, el estado de las vías, las actividades informales y de reciclaje.
Esta situación impacta en las condiciones económicas de la comunidad, de acuerdo a la encuesta Multipropósito del DANE, el 59% de la población, cerca de 33.469 personas, se encuentran en pobreza monetaria.
Crisis en Seguridad
Hoy, en María Paz operan por lo menos siete peligrosas bandas criminales entre las que se encuentran el Tren de Aragua, Los Camilos, Los Caraqueños, Aquila, Satanás, Ruanas y Los Morados, que se disputan por el control del territorio.
Confluyen allí múltiples actividades delictivas como la fabricación, tráfico y de estupefacientes, porte de armas, hurto a personas, extorsión, sicariato, homicidios, reducidores, trabajo infantil y explotación sexual, que se suman a problemáticas sociales y ambientales como la indigencia, la drogadicción, las ventas informales sin control, la inadecuada disposición de los residuos, la insalubridad, presencia de roedores, el pésimo estado de la malla vial y la sobre ocupación del espacio público.
Las cifras son alarmantes, la concentración del delito de la localidad de Kennedy está en la UPZ Corabastos. Allí se cometen el 20% de los homicidios; ocurren el 8,4% hurtos y se registran el 10% de los reportes de uso y consumo de narcóticos que son reportados a través de la Línea 123 contrastado con la precaria reacción de la fuerza pública que cuenta con un número insuficiente de apenas 52 uniformados que operan en la UPZ.
La actividad delincuencial está desbordada, el 65% de las viviendas, cerca de 12.531 hogares están cerca a expendios de droga. Los indicadores siguen en aumento:
- Amenazas 309%
- Delitos Sexuales 14%
- Extorsión 33%
- Hurto a personas 44%
- Hurto Celulares 13%
La comunidad expresa además que deben escoltar a quienes salen y llegan de estudiar o trabajar, lo preocupante es que esta situación cada vez se expande más y pese a que ha sido denunciada en reiteradas ocasiones, las autoridades aún no despliegan acciones con la contundencia que la ciudadanía amerita, configurándose cerca de 14 años de desacato a la acción popular proferida desde el año 2011.
Desacato Acción Popular
La Acción Popular fue radicada en 2009; el 06 de octubre de 2011 se conoció el fallo de la emitido por el Juzgado 4 Administrativo del Circuito de Bogotá, que:
- Exige a las autoridades la protección de los derechos e intereses de las personas que habitan en el sector.
- Ordena adoptar medidas para la recuperación del espacio público, el goce de un ambiente sano que garantice la seguridad y la salubridad.
- Instar a las autoridades, de forma inmediata a partir de la ejecutoria de la sentencia, a restablecer el orden público en un plazo no mayor a un año.
En 2017 el Distrito realiza una intervención institucional transversal que logra darle un fuerte golpe a la delincuencia así como la recuperación del orden y del espacio público, resultados que se mantuvieron durante apenas 3 meses mientras se retiró la presencia de unidades de la fuerza disponible.
Las actuaciones institucionales que prosiguieron flexibilizaron los resultados alcanzados; llegada de los Centros de Atención Móvil a la Drogodependencia y unos años más adelante los Pactos por la Dignidad Humana y Corotera que, en lugar de avanzar en procesos de reubicación y formalización, consolidó su permanencia.
Algunas decisiones se han proferido vía acto administrativo, Decretos 771 de 2019 y 203 de 2022 y la Resolución 137 de 2023, no obstante los resultados que espera la comunidad de tales actuaciones, a la fecha son desconocidas y solo reproducen los conflictos barriales.
Es así como después del fallo:
- Aumentó la ocupación indebida del espacio público
- Dinámicas de tráfico y consumo de estupefacientes
- Posicionamiento de bandas delincuenciales
- Bloqueo de vías y zonas de acceso a viviendas
- Escenarios de violencia e inseguridad
- Destrucción del hábitat y el entorno
El concejal VAHOS reitera el llamado urgente al Distrito a intervenir transversalmente desde la institucionalidad a la población de María Paz, “disponer de una estrategia contundente que contemple un Plan de Seguridad, Convivencia y Justicia específico, acompañado de programas socioeconómicos integrales que le apunten a la generación de ingresos y formación de capacidades para la población, así como un plan de revitalización urbana, de recuperación del espacio público y de gestión de residuos. Y por supuesto, desplegar procesos de reconstrucción del tejido social”, puntualizó el concejal VAHOS.
