Igualmente, el cabildante puntualizó sobre tres tareas:
1. En primera medida desde todos los sectores de la sociedad hay que exigir al Presidente Santos que cumpla su compromiso de acabar con el servicio militar obligatorio.
2. Que la Defensoría del Pueblo, la Administración Distrital, la Personería Distrital, el Concejo de Bogotá, las organizaciones defensoras de Derechos Humanos y la ciudadanía en general, unan esfuerzos para solicitarle a la Honorable Corte Constitucional realizar una audiencia de seguimiento a la sentencia C-879 de 2011. Que igualmente, se consolide el esfuerzo que se venía haciendo desde la Secretaria de Gobierno a través de la Dirección de Derechos Humanos para hacer también una mesa de seguimiento a este proceso de aplicación de la Sentencia, a los mecanismos de transparencia y al cumplimiento de los requisitos previstos en la ley.
3. Y para no golpear la confianza social de las y los ciudadanos en la Institución. Toda retención regular e irregular que se haga debe ser informada de manera transparente y pública, que se diga públicamente quienes han sido “compelidos” y donde están ubicados.
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