Cindy Ayala Valbuena, madre cabeza de hogar de 35 años, sufrió un terrible atentado mientras se encontraba en un establecimiento comercial en el centro de Bogotá comprando unas llantas para su moto.
Durante un ataque armado llevado a cabo por hombres en moto, Cindy, fue alcanzada por una bala perdida que la dejó ciega, siendo una víctima colateral de un ataque relacionado con la extorsión al dueño del local. La situación ha puesto de manifiesto la grave problemática de la extorsión en Bogotá y el país, que, según el Concejal David Saavedra, está alcanzando cifras alarmantes.
En un llamado a las autoridades, la víctima pidió que su caso no quede impune y que se haga justicia: “soy una madre que perdí mi vista por algo que no cometí. Quiero que los responsables paguen por lo que hicieron, no solo por mí, sino por todas las víctimas de esta violencia que afecta a tantos inocentes”, expresó.
La extorsión, que se ha incrementado notablemente en los últimos años, sigue siendo uno de los delitos más comunes en Colombia. Según la Policía Nacional, en 2023 se registraron 11.078 casos de extorsión, mientras que, en 2024, la cifra alcanzó los 12.336, lo que representa un aumento del 14.12%. Cundinamarca, Antioquia y Atlántico son los departamentos más afectados, pero la situación en Bogotá ha sido igualmente grave, con un aumento del 79.2% en los casos de extorsión en comparación con el año anterior.
Las localidades con mayor número de casos son: Los Mártires, Kennedy, Suba, Engativá y Ciudad Bolívar, con aumentos alarmantes en zonas como Fontibón (176%), La Candelaria (135,7%) y Teusaquillo (111.9%), según el SIEDCO.
El Concejal Saavedra también alertó sobre el creciente vínculo entre la extorsión y los grupos criminales que operan desde las cárceles. De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, el 41% de las extorsiones se gestionan desde los centros penitenciarios, donde la falta de control y equipos bloqueadores de señal contribuye a que estas actividades sigan proliferando. Es urgente que el Ministerio de Justicia, el INPEC y las fuerzas de seguridad trabajen juntos para frenar este fenómeno que afecta la seguridad de todos los ciudadanos.
Finalmente, el Concejal hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncien estos delitos y cualquier actividad sospechosa en la Línea 165 del GAULA de la Policía Nacional. “La denuncia ciudadana es esencial para desmantelar las redes criminales que están afectando la vida de los colombianos”, señaló.
