Colegios cuya infraestructura en su momento fue construida por la ciudad con recursos públicos. Ello, otra vez, bajo la promesa de mejorar la calidad en la educación de los casi 50 mil niños y jóvenes que acuden a estos establecimientos educativos.
Esta modalidad surgió en el primer gobierno de Enrique Peñalosa (1998/2000), aunque se inspiró en el polémico modelo español de "educación concertada" de los gobiernos socialistas en tiempos de Felipe Gonzáles en la década de los ochenta.
Se acudió, para la época, al supuesto ideológico que lo público en manos públicas siempre resulta mal administrado. O a razones más pragmáticas y fiscales como que era un camino para resolver al mismo tiempo, bajas coberturas y mala calidad en la oferta pública educativa; porque evitaba ampliar la planta docente y directiva que requerían los nuevos equipamientos educativos. Se vendió la ilusión que los colegios privados podrían servir de ejemplo o transferirían a los públicos sus modelos de gestión y sus prácticas pedagógicas, probadamente de mejor calidad.
Los defensores del modelo de colegios de concesión no aceptan que se ponga en duda la calidad de la educación que se imparte en ellos. Ciegamente, defienden sus virtudes. Y se apoyan para ello, en los estudios que comparan el desempeño de estos colegios con los clásicamente oficiales. Incluso, la administración Petro contrató con la Universidad Nacional de Colombia una evaluación más afinada, que contrastó el comportamiento de varios indicadores en colegios públicos respecto a colegios en concesión, siempre y cuando tuvieran características más o menos similares de ubicación geográfica, composición socioeconómica de sus alumnos, entornes escolares, entre otros.
El estudio observó que el resultado no fue una diferencia significativa entre unos y otros, más bien, una distancia cada vez menor entre educación pública y educación concesionada.
Hay una comparación que nunca se ha hecho y que demostraría que los colegios en concesión no son lo "último en guaracha" para mejorar la calidad de la educación pública de Bogotá.
El ejemplo es claro. Si contrastamos el desempeño en las pruebas saber 11 del año 2015 de los colegios privados seleccionados en las concesiones, con los colegios distritales que se encuentran bajo su gestión, los resultados son realmente desalentadores.
Miremos varios casos: El colegio San Carlos ocupó en dichas pruebas el lugar número siete, mientras que el Colegio Jaime Garzón entregado en concesión para su operación ocupó el puesto 1951. El Nueva Granada quedó en el lugar 82; mientras que, el Colegio Argelia Banco Popular, bajo su responsabilidad tuvo el puesto 1975. El colegio Calasanz tuvo el puesto 12; mientras que, el Calasanz Buenavista estuvo en el 1453. El Colegio Los Nogales ocupó el puesto 3, mientras que el colegio La Libertad Santiago de Las Atalayas tuvo el puesto 2.601.
Para demostrar que ello es un común denominador en todos los casos anexamos el siguiente cuadro comparativo.
Evidencias demuestran que la mejora en la calidad de los colegios públicos clásicos no deriva del impacto de la educación concesionada. Los colegios en concesión sólo representan el 4.13% del total de los colegios distritales. Con ese peso marginal, atribuirle a los concesionarios la mejora en la calidad de los colegios oficiales no resiste ningún análisis serio.
Pero además, porque ningún contrato de concesión estableció la obligación de transferencia de buenas prácticas administrativas y pedagógicas de los concesionados a los colegios oficiales.
Entonces, el debate público no debe centrarse en consideraciones ideológicas. Sí incorporamos al sector privado en la educación pública no debería ser para entregarle leoninamente infraestructura construida con recursos públicos. Y se debería garantizar, por lo menos, que la distancia entre sus colegios propios y los concesionados sea menos vergonzante, esto para que aspiren a ser "lo último en guaracha".
@AntonioSanguino
