Cabe resaltar que la UAESP, en estos momentos adelanta una licitación para la concesión bajo la figura de áreas de servicio exclusivo, la prestación del servicio público de aseo en Bogotá, en sus componentes de recolección de residuos no aprovechables, barrido, limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles en áreas públicas, lavado de áreas públicas y transporte de los residuos generados por las anteriores actividades a los sitios de disposición final.
Sanguino, se mostró preocupado por esta situación y dijo que para evitar este tipo de anomalías ya existe un Proyecto de Acuerdo de su autoría, que pretende modificar el objeto de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, para que esta entidad, asuma la Planeación, Coordinación y Supervisión de la prestación del Servicio Público Domiciliario de Aseo. Lo que implica actividades de recolección, transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales residuos y evitar de esta manera que se entregue a privados la prestación de este servicio.
“De acuerdo con este proyecto, las empresas privadas quedarán excluidas de la prestación de este servicio público y los mismos serán prestados en su totalidad por el Distrito a través de la empresa de Acueducto, mediante la transición paulatina que mitigue cualquier riesgo de interrupción en la prestación del servicio”, puntualizó Sanguino.
Para Sanguino el propósito fundamental de esta licitación es entregarle a los privados la prestación de este servicio y sacar a Aguas de Bogotá o reducir su participación a la mínima expresión, sí se cumplen las condiciones del pliego, la empresa pasaría de atender el 52% a solo atender el 20% del servicio de aseo en Bogotá, en el mejor de los casos.
El Concejal de la Alianza Verde, advirtió que de entregarse la licitación a los privados se afectaría alrededor de 22 mil recicladores que existen en la Ciudad, desconociendo las órdenes emitidas por la Corte Constitucional en la sentencia T-724 de 2003.
De acuerdo con lo informado por Sanguino, hasta el momento se han invertido más de 24.000 millones de pesos en la implementación del “Nuevo Esquema de Recolección de Basuras”, que maneja el 52% del negocio y el 48% restante lo desarrollan los concesionarios privados.
“Estos recursos son susceptibles de perderse en caso de cambiar el actual esquema de basuras, lo que podría configurarse como un detrimento patrimonial y la Ciudad incurriría en unos costos económicos superiores, entre ellos: liquidaciones de los trabajadores y las posibles demandas de algunos de estos por derechos adquiridos, además, de la pérdida de equipos e infraestructura física y tecnológica, compradas por el Distrito para cumplir dichas funciones”, agregó Sanguino.
El Concejal de la Alianza Verde de nuevo llamó la atención de los organismos de control pidiendo que intervengan y eviten un detrimento patrimonial para el Distrito y actúen de manera contundente y no sean pasivos ante esta decisión que afecta a la Ciudad.
