La violencia económica y patrimonial que sufren las mujeres en Bogotá es un problema crítico que exige atención inmediata. Las barreras de acceso al mercado laboral, la desigualdad de ingresos y las restricciones económicas afectan gravemente a las mujeres, prolongando la desigualdad de género en la capital.
Según datos del DANE, para el trimestre marzo-mayo de 2024, la tasa de desempleo en Bogotá fue del 10,1%. Sin embargo, las cifras revelan una disparidad preocupante entre hombres y mujeres. Mientras que el desempleo masculino se situó en el 9,4%, el desempleo femenino alcanzó el 10,4%. A nivel nacional, la situación es aún más alarmante: el desempleo femenino es del 12,9%, comparado con el 8,4% en hombres. Además, la pobreza monetaria también afecta desproporcionadamente a las mujeres. En 2023, el 37,7% de las personas que vivían en hogares con jefatura femenina eran pobres, frente al 29,5% en hogares con jefatura masculina. Esta situación refleja una desigualdad estructural que limita las oportunidades económicas de las mujeres, aumentando su vulnerabilidad a la violencia económica y patrimonial.
La violencia económica y patrimonial se manifiesta de diversas formas, desde la limitación de recursos financieros y la exclusión de decisiones económicas hasta la negación de pensiones alimenticias. Estas prácticas no solo perpetúan la dependencia económica de las mujeres, sino que también restringen su autonomía y capacidad para salir de situaciones de abuso.
Es fundamental que la administración distrital tome medidas concretas para combatir este flagelo. Es necesario implementar programas de capacitación y empleo dirigidos a mujeres, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, para que adquieran las competencias necesarias para acceder a trabajos formales y bien remunerados. Además, se deben fortalecer las políticas de equidad de género en el empleo, asegurando que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres en todos los sectores económicos. Promover el acceso a servicios financieros y educativos para mujeres, facilitando su independencia económica y reduciendo la brecha de género en el capital humano, también es crucial. Igualmente, es indispensable mejorar la protección legal contra la violencia económica, asegurando que las mujeres tengan acceso a justicia efectiva cuando se les priva de sus derechos económicos.
La violencia económica y patrimonial contra las mujeres no solo es una violación de sus derechos fundamentales, sino que también es un obstáculo para el desarrollo sostenible de Bogotá. Urge una respuesta coordinada y decidida por parte de las autoridades para garantizar que todas las mujeres tengan la oportunidad de prosperar en igualdad de condiciones.
PRENSA
Concejal Andrés Ernesto García Vargas
Bogotá, 20 de agosto del 2024
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