En el debate de control político realizado por la bancada del Partido Político MIRA, denominado "¿Cuál es el avance de la estrategia de Trabajo Incluyente en Bogotá?", se evaluó la efectividad de esta política pública en la ciudad. Los cabildantes advirtieron que, pese a contar con un marco normativo claro en el Plan de Desarrollo, la implementación actual presenta riesgos críticos que podrían convertir el beneficio en una barrera para los ciudadanos más vulnerables y las MiPyMES.
El Artículo 96: La promesa de un empleo real frente a la burocracia
El debate se fundamentó en la verificación del cumplimiento del Artículo 96 del Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Camina Segura". Esta norma crea un incentivo económico para promover la contratación formal y la permanencia de poblaciones con barreras laborales, financiado directamente por la Secretaría de Desarrollo Económico (SDDE).
Al respecto, el concejal Fabián Puentes Sierra señaló que la reglamentación (Resolución 010 de 2025) debe honrar el espíritu de la norma: "Este debate busca verificar que el incentivo que quedó plasmado en el artículo número 96 se traduzca en empleo formal, pero en empleo real... que esas oportunidades sean efectivas para quienes enfrentan mayores barreras sin que el trámite termine dejando a nadie por fuera".
Puentes alertó sobre un "trámite imposible", donde la complejidad de los soportes exigidos —desde historias clínicas sensibles hasta múltiples validaciones de seguridad social— termina premiando a quien tiene más capacidad de gestión documental y no a quien genera empleo real. Además, subrayó que "un incentivo creado como medida de fomento puede terminar operando como barrera de acceso, especialmente para las micro y pequeñas empresas que suelen contar con equipos administrativos más reducidos".
Ineficiencia fiscal: El escándalo de las cifras
Por su parte, el concejal Samir Bedoya Piraquive presentó una radiografía técnica basada en informes de la Contraloría de Bogotá. Bedoya denunció un problema estructural donde la alta ejecución presupuestal no coincide con la colocación efectiva de personal.
El concejal se refirió específicamente al contrato 628 de 2023, que con una inversión de $1.509.730.298 reportó apenas 15 beneficiarios colocados. Asimismo, Bedoya cuestionó si el uso de fiducias está sirviendo para formalizar el giro de recursos o para "disfrazar" la ejecución presupuestal sin generar sostenibilidad laboral real para los ciudadanos. El cabildante también alertó sobre un control interno ineficiente del 46.41% y hallazgos fiscales por más de $28 millones.
Conclusiones de la Bancada: Por un empleo duradero y transparente
El concejal Fabián Puentes Sierra solicitó una simplificación administrativa urgente: "Consideramos que se requieren trámites simples y proporcionales... incluir acompañamiento y desarrollo de capacidades, porque el subsidio por sí solo no garantiza una inserción laboral sostenible".
Insistió, además, en mejorar la validación para evitar subsidiar empleos que se habrían creado incluso sin el apoyo del Distrito.
Por su parte, el concejal Samir Bedoya Piraquive solicitó métricas de fondo: "El programa debe medirse por tasas de permanencia a 6 y 12 meses. No podemos permitir un uso no eficiente de los recursos; la ciudadanía merece explicaciones sobre contratos de 1.500 millones con resultados mínimos".
Finalmente, ambos cabildantes propusieron una verificación automatizada de permanencia mediante el cruce obligatorio con la PILA, asegurando que cada peso del incentivo se traduzca en bienestar real para las mujeres, jóvenes, adultos mayores y poblaciones vulnerables de Bogotá.
Prensa: 3008725816
