Este martes, la Comisión de Gobierno desarrolló el debate de control político del priorizado No.138 de 2021 sobre la Crisis Humanitaria de la población venezolana en el Distrito Capital, citado por el concejal, Armando Gutiérrez y el priorizado No.075 de 2021 sobre Venezolanos en Bogotá, citado por la concejala, Lucía Bastidas.
El concejal Armando Gutiérrez, manifestó en el debate que no hay una respuesta jurídica ni operativa adecuada a los migrantes y refugiados venezolanos y agregó: “En el año 2019 con la bancada del Partido Liberal, hemos venido pidiendo la presencia de la Administración Distrital en una verdadera política migratoria y en la identificación clara y plena de los migrantes que se encuentran en la ciudad”.
El cabildante en su presentación hizo referencia a las condiciones de vida de los migrantes, a la seguridad en la ciudad y de cómo se instrumentaliza la población migrante en actos delictivos, al aumento de la xenofobia en los ciudadanos y los desafíos que enfrenta el sector salud. “En Bogotá se concentran más de 340 mil venezolanos y hay una alta condición de vulnerabilidad en esta población. En materia de salud hay un serio problema de aseguramiento, ya que el 66,1% de los migrantes, manifiestan no estar afiliados a un régimen de salud", dijo.
Gutiérrez concluyó su intervención indicando que la barrera principal que afronta la población venezolana es acceder a una regulación migratoria, de tal forma que les permita identificarse en el país mediante un documento válido, para así obtener derechos en igualdad y garantías y evitar la explotación.
Por su parte, la concejala Sara Castellanos hizo énfasis en la educación, manifestando que es la mejor apuesta en inversión social y advirtió que Bogotá tiene un déficit de 5.213 en cupos escolares y agregó: “es urgente la intervención que necesita nuestra ciudad, primero en la creación de nuevos colegios para suplir el déficit, pero también para poder ayudar y garantizar esa inversión social a nuestros hermanos venezolanos, ya que la educación debe ser para todos y todas sin importar su nacionalidad”.
Su compañero de bancada, el concejal Álvaro Acevedo, destacó que el tema de la crisis migratoria en Bogotá no obedece únicamente a la población venezolana, ya que en el país están ingresando personas de diferentes partes de Latinoamérica, debido a la crisis mundial e hizo una invitación a seguir acogiendo a la población migrante. "Bogotá ha sido una de las ciudades del mundo que ha demostrado ser una ciudad humana, en atención a la población migrante" indicó el cabildante.
Asimismo, la concejala María Victoria Vargas hizo una distinción entre lo que es ser migrante o refugiado y mencionó varias sentencias de la Corte Constitucional haciendo referencia a los extranjeros y agregó: "Es fundamental y necesario lograr una articulación entre las distintas entidades del Distrito para llegar a acuerdos y atender a esta población migrante".
La segunda proposición en ser expuesta estuvo a cargo de la concejala Lucía Bastidas del Partido Alianza Verde, quien se enfocó en la xenofobia y sobre la narrativa que la alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, ha causado y generado daños en la población venezolana y agregó: “con el anuncio de la alcaldesa el 18 de agosto, sobre la posible creación de un comando, se presentó un aumento en la cantidad de mensajes de xenofobia en las redes sociales del 171%, respecto al promedio de los últimos 7 días”.
De acuerdo con la concejala Bastidas, Quindío fue el departamento con mayor tasa de xenofobia durante el mes de agosto, con un 19%, manifestando que de cada 100 mensajes de migración emitidos en Quindío, 19 tuvieron un tono xenófobo o de discriminación. Luego siguen los departamentos de Boyacá con 17%, Valle del Cauca con 14% y Bogotá con el 13%.
Bastidas, indicó que los venezolanos en Bogotá tienen una tasa de desempleo de casi el 17% y señaló: “estos resultados muestran la gran necesidad de adelantar políticas públicas para la inclusión socioeconómica de los venezolanos en Bogotá (...), el Distrito debe garantizar el cumplimiento normativo para la regulación laboral de esta población y disminuir las brechas salariales”.
Al finalizar estas intervenciones, los concejales voceros y no voceros participaron en el debate de control político para dar sus impresiones.
El concejal Martín Rivera indicó: "cuando la alcaldesa sale públicamente y dice que es por culpa de los venezolanos, está legitimando precisamente esos actos de violencia y de agresión hacia esta población" y preguntó a la Administración ¿cuáles son las proyecciones de política pública en crecimiento poblacional migrante para que dentro de la norma urbanística y en el POT se tenga en cuenta a esos cientos de familias que han llegado a la ciudad?
Continuó en el debate la concejala María Clara Name, quien habló de la creciente situación social que hay en el país y en la ciudad y que se ha aumentado la pobreza y la desigualdad, señaló la importancia de crear espacios con los ciudadanos migrantes para compartir experiencias y promover su integración social y cultural.
El concejal Diego Cancino manifestó su preocupación en el incremento de la estigmatización que se ha generado en la población venezolana y agregó: “solo el 2% de los hurtos cometidos en la ciudad son cometidos por personas de nacionalidad venezolana y después de las declaraciones de la alcaldesa frente a los venezolanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dejó muy claro que los funcionarios públicos deben abstenerse de incurrir en declaraciones estigmatizantes que puedan exacerbar la xenofobia hacia las personas venezolanas”.
El concejal Julián Rodríguez Sastoque manifestó que en el debate hay una perspectiva local, pero que no puede desligar de los elementos nacionales, ya que es una discusión de la política social alrededor de la atención de la población migrante en Bogotá y señaló que lo que necesita el Estado colombiano es darle garantías a los jóvenes migrantes que buscan una segunda oportunidad y así evitar que la delincuencia organizada y criminal terminé instrumentalizándolos.
Por su parte, la presidenta de la Corporación, concejala María Fernanda Rojas, describió la situación del fenómeno migratorio por la que está atravesando el país y realizó un análisis comparativo sobre los avances de las políticas públicas migratorias que han venido ejerciendo las instituciones y resaltó la labor de las entidades distritales sobre las acciones y programas en las que han venido avanzando frente al fenómeno migratorio.
Por otro lado, la concejala Marisol Gómez hizo referencia a un informe del proyecto de Migración Colombia, manifestando las problemáticas de los migrantes en las redes sociales y de cómo se ha aumentado el sentimiento negativo hacia la población venezolana debido a discursos xenofóbicos por parte de personajes públicos.
Prosiguió la concejala Diana Diago, quien señaló que desde la Administración Distrital hace falta realizar un trabajo coordinado con el Gobierno Nacional para mitigar las problemáticas que se ha generado y preguntó a la Secretaría de Integración Social ¿cómo está implementando e incluyendo en los programas sociales a la población de jóvenes venezolanos para que no sean instrumentalizados por bandas criminales?
Desde la bancada de Colombia Humana UP, la concejala Heidy Sánchez hizo referencia a las afirmaciones que ha hecho la alcaldesa Claudia López en medios de comunicación, los cuales ha generado estigmatización y una serie de situaciones de violencia y persecución a la población venezolana. La concejal Ana Teresa Bernal advirtió que es alarmante la exclusión, la estigmatización, la discriminación y la explotación sexual y laboral con la población venezolana; mientras que la concejal Susana Muhamad hizo un llamado de atención a la Administración Distrital de no aceptar que un servidor público discrimine por origen y nacionalidad a una persona en situación de vulneración de Derechos Humanos.
Luego, el concejal Marco Acosta presentó un balance sobre la situación de la salud de los migrantes venezolanos en Bogotá y agregó: “el 52% de los migrantes no cuenta con un documento para permanecer en Colombia, lo cual genera barreras de acceso para adquirir bienes y servicio”. El concejal Fabián Puentes manifestó que la situación de los migrantes en el país no se puede mirar como una problemática, sino más bien como una oportunidad de crecimiento económico.
Como invitado al debate participó el profesor Ronald Rodríguez, vocero del observatorio de la Universidad del Rosario, manifestó que el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos, es tal vez, uno los instrumentos que va a permitir tener una mejor claridad en materia de migración en el país y agregó: “el papel de la ciudad, de la Administración y sus funcionarios es absolutamente pedagógico, son ustedes los que van a orientar a la ciudad en la recepción de este fenómeno migratorio”.
Continuó el debate de control político con la intervención de la Administración Distrital. La secretaria Xinia Navarro de la Secretaría Distrital de Integración Social explicó el nuevo modelo y las acciones de enfoque para la atención a la población migrante en Bogotá.
“Vemos la población migrante como un fenómeno importante para poder garantizar, no solo la calidad de vida de las personas, sino garantizar el equilibrio financiero del Sistema de Salud", agregó Alejandro Gómez, secretario de Salud Distrital.
Asimismo, Edna Bonilla, secretaria de Educación Distrital, habló de la población migrante en los colegios oficiales de Bogotá e indicó que en las 20 localidades hay estudiantes venezolanos y finalizó Aníbal Fernández, secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el mismo que indicó que el objetivo es orientar todos los esfuerzos para contener y reducir el delito y todas las formas de delincuencia y violencia, sin importar cuál sea su origen o quién lo cometa.
Finalmente, los concejales citantes cerraron el debate de control político. La concejala Lucía Bastidas advirtió "hay que trabajar en temas de convivencia entre los migrantes y los bogotanos, ya que ante la falta de justicia la gente se está tomando la justicia por sus propias manos" y el concejal Armando Gutiérrez señaló: "Tenemos que concluir que el 56% de migrantes venezolanos, que se encuentran en condición irregular, presentan dificultades para acceder a la vinculación de programas sociales, por falta de visibilidad y de desconocimiento".
Concejo de Bogotá
