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A la ciudadanía se le incumplió y no se ejecutaron obras
Bogotá, primero de junio de 2017. Cuando una administración falla en la ejecución y entrega de obras, la contraparte, que es el ciudadano, pierde confianza y credibilidad institucional.
Eso fue lo que pasó en Bogotá después del Acuerdo 180 de 2005 donde se proyectó un paquete de obras que no se cumplieron en su totalidad y unos pagos que a los ciudadanos les generaron derogaciones y que aún falta por devolver ( $73 mil millones)
“Aquí no cuestionamos la valorización que permite desarrollar obras, pero se requiere una revisión general a ese instrumento, porque particularmente por la forma cómo fue implementado el Acuerdo de valorización 180 de 2005, que incumplió entrega de obras, se perdió confianza”, afirmó el Concejal.
Molano Aponte fue reiterativo en manifestar que en este momento el Acuerdo 335 de 2017 referente a la valorización, no es conveniente por el momento económico que está viviendo la ciudad, por la baja alineación que tiene con el Plan de Desarrollo y por esa pérdida de confianza de los ciudadanos.
“Hoy estamos en una crisis de confianza que debe ser superada por esta Administración y el informe de la Contraloría lo pone en evidencia. A la gente se le incumplió el contrato, se pactó algo que no se ejecutó por malos diseños o falencia en la coordinación”, dijo
El Concejal presentó los costos de 11 obras, de las 13 que faltan por ejecutar de la anterior valorización, y dijo que de 301 mil millones de pesos que deberían costar los proyectos pendientes, aumentó notoriamente a 753 mil millones de pesos.
Se refirió exactamente a la avenida José Celestino Mutis desde la Ave Constitución hasta la Ave Boyacá acordada en su momento por $62.631 millones y ahora tiene un costo de $165.362 millones.
También nombró la Avenida La Sirena desde la Ave Laurenao Gómez hasta la Ave Santa Bárbara. Esta inició por un valor de $21.596 millones y hoy se proyectó por $92.303 millones.
En conclusión, dijo Molano Aponte, “la problemática planteada aquí golpea gravemente la legitimidad del mecanismo de contribución por valorización, la confianza de la ciudadanía y la credibilidad de la Administración.
