Concejal Carrillo pide a la Procuraduría investigar a la Secretaría de Movilidad y al IDU

  • La Alcaldía manipuló los criterios técnicos para descartar la opción de un tranvía por la Carrera Séptima.
  • La Administración no ha querido dar respuesta alguna a las graves denuncias de manipulación del estudio de alternativas.
  • El Concejal Carrillo pide a la Procuraduría investigar a los funcionarios que participaron en la realización del estudio y solicita una medida preventiva para evitar más daños a la ciudad.

El Concejal Carlos Carrillo presentó ante la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria contra los funcionarios de la Secretaría de Movilidad y del Instituto de Desarrollo Urbano, para que el ministerio público investigue a los funcionarios que construyeron el estudio de alternativas para seleccionar el modo de transporte en el proyecto del “Corredor Verde” por la carrera séptima.

De acuerdo con el Concejal, el estudio de prefactibilidad que definió la necesidad de poner buses, careció de objetividad, dado que los datos para lograr el resultados fueron manipulados según la opinión de los funcionarios y no lo que fuese más benéfico para la ciudad. Esto constituye una grave vulneración al ordenamiento jurídico y que puede ocasionar perjuicios para la ciudad y el patrimonio público.

“Denuncié en el Concejo de Bogotá que la Alcaldía había cambiado los características del tranvía a conveniencia para que perdiera en diferentes criterios, pero ni la Secretaria de Movilidad ni el Director del IDU respondieron” Manifestó el cabildante, y añadió “Cambian la capacidad del tranvía entre 9.000 y 17.000 pasajeros por hora por sentido para hacer creer que es un juguete costoso”.

Debido a que el proyecto supera los $2.9 billones de pesos y siendo una obra que acabará con la movilidad de transporte mixto en el corredor de la séptima y de toda la ciudad, al quitar el paso de vehículos en sentido norte-sur desde la calle 92 hasta la 32, el Concejal Carlos Carrillo solicita a la Procuraduría que ordene una medida preventiva que evite el inicio de los procesos contractuales de la obra, con el fin de establecer bajo cifras ciertas e información real cuál es la mejor alternativa para el proyecto del corredor verde de la séptima y evitar que se cause  un altísimo perjuicio patrimonial.

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