- La concejal impulsa una hoja de ruta que permita a la Policía y autoridades locales actuar sin demoras frente al ruido.
- Es de suma importancia desarrollar una estrategia jurídica que incluye la formulación de un acuerdo distrital para fortalecer la articulación entre Policía, alcaldías locales e inspectores.
La ciudad de Bogotá podría estar cada vez más cerca de contar con herramientas jurídicas eficaces para sancionar de manera inmediata a los establecimientos que incumplen los niveles permitidos de ruido. Este avance es el resultado del trabajo liderado desde el Concejo de Bogotá por la concejal Cristina Calderón Restrepo, quien ha encabezado múltiples mesas técnicas con entidades y ciudadanía desde el segundo semestre de 2024, y ha sido autora y presidenta de la Comisión Accidental ‘El impacto del ruido en Bogotá: retos para la salud, la convivencia y el ambiente’, una instancia que ha permitido articular esfuerzos entre autoridades locales, distritales y nacionales para responder a una de las problemáticas más sensibles que afecta la calidad de vida de miles de ciudadanos.
En el marco de la Comisión Accidental, se ha evidenciado que la ausencia de una herramienta legal inmediata para sancionar ha limitado la acción efectiva de la Policía, que depende actualmente de conceptos técnicos emitidos por la Secretaría de Ambiente, lo cual retrasa o anula procesos sancionatorios. Por ello, es de suma importancia desarrollar una estrategia jurídica que incluye la formulación de un acuerdo distrital para fortalecer la articulación entre Policía, alcaldías locales e inspectores, así como mecanismos de prevención para actuar antes de que se generen conflictos mayores.
Estos esfuerzos se enmarcan en la reciente Ley 2450 de 2025, una norma clave que establece un marco legal integral contra la contaminación acústica en Colombia. Gracias a la articulación y trabajo del representante a la Cámara Daniel Carvalho, esta ley define competencias precisas para las autoridades territoriales, exige la elaboración de mapas de ruido y planes de gestión acústica, y entrega “dientes” jurídicos claros: suspensión temporal de fuentes ruidosas, multas hasta de 500 salarios mínimos para eventos masivos y sanciones inmediatas por alteraciones a la convivencia. Aunque aún está pendiente su reglamentación por parte de los Ministerios de Salud y Ambiente, muchas de sus disposiciones pueden aplicarse desde ya, apoyadas también en el Código de Policía.
Estos avances se consolidan tras múltiples mesas técnicas realizadas desde el año pasado hasta lo corrido de 2025 en localidades como Chapinero, Kennedy y Usaquén y con participación de entidades distratales.
Las cifras respaldan la urgencia. En 2024, la Secretaría Distrital de Ambiente recibió 335 quejas por ruido solo en Chapinero, y en los primeros cuatro meses de 2025 ya van 49 casos. Según esa misma entidad, el problema se concentra en bares y discotecas sin sistemas de control ni mitigación acústica.
Además, la Línea 123 registró en el primer trimestre de 2025 un total de 86,829 reportes por ruido, un incremento del 29 % frente al mismo periodo del año anterior. Suba, Kennedy, Engativá y Bosa lideran las quejas, lo que confirma una presión ciudadana sostenida.
“La ciudadanía no puede seguir esperando. El ruido dejó de ser un tema menor: es una amenaza para la salud pública, la seguridad y la convivencia. Desde esta Comisión, y desde mi curul, vamos a seguir trabajando con rigor para que vivir sin ruido excesivo sea un derecho real”, afirmó la concejal Cristina Calderón Restrepo.
Actualmente, la Comisión Accidental prepara nuevos encuentros técnicos y normativos para seguir consolidando soluciones efectivas y sostenibles que protejan el derecho a un entorno sonoro saludable en la ciudad.
