En los mencionados encuentros, la concejal ha podido resaltar la inclusión en el decreto de las Unidades de Planeamiento Rural, UPR, como instrumentos de planificación que incorporan condiciones para la ubicación adecuada de los centros poblados, las acciones de prevención y mitigación del riesgo, los desarrollos productivos y actividades económicas entre otros, y le abre la puerta a la comunidad para poder instalar colegios, centros de salud o escenarios para la práctica del deporte. Según la concejal, “la ausencia de norma había obstaculizado la construcción de equipamientos que los habitantes de las zonas rurales necesitaban y que favorecen sus condiciones de bienestar, convivencia y desarrollo”.
Al mismo tiempo, se destaca el avance en la política de protección al medio ambiente y el desarrollo sostenible, a través de las pautas para la reconversión de las unidades agrícolas hacia sistemas productivos ecológicos, principalmente en aquellas áreas que han sido categorizadas como zonas de protección por conservación. “Esto significa que Bogotá mantiene el doble compromiso de implementar acciones para proteger sus ecosistemas, y a la vez de ofrecer opciones de desarrollo productivo a los habitantes de las zonas rurales evitando la contaminación de sus suelos y fuentes de agua”, mencionó la concejal.
Como parte de su labor, la concejal Diana Alejandra se comprometió a mantener una revisión de los planes y programas de ruralidad que poseen las agendas de las Secretarías de Desarrollo Económico y Hábitat en particular, para examinar el cumplimiento de las metas de incremento de la competitividad de los productores agrícolas del distrito, la ampliación de sus capacidades de producción y comercialización, y las mejoras en su calidad de vida.
