Las cuales en medio del debate deben ser resueltos por la Administración Distrital para evitar traumatismos para la ciudad. Estas pueden resumirse en tres:
1. El argumento de la Administración para demostrar la capacidad de pago es un estudio que publicó la secretaría de Planeación el año pasado y que hicieron Proes y Teknidata desde 2014, contratados por la administración de Gustavo Petro. El problema es que sus datos están desactualizados, como de hecho muestra su título: "Avances sociales en Bogotá y municipios aledaños entre 2011 y 2014". El estudio parte de una encuesta multipropósito de 2014, que según los concejales seguramente está desactualizada después de la alta inflación del 2016 y la desaceleración económica. Reveló el Concejal Emel Rojas a la Silla Vacía.
2. Deja dudas sobre si todas las obras están bien proyectadas, porque el Alcalde pide facultades extraordinarias para poder modificar por Decreto todo lo que sea aprobado por el Concejo. Es decir que la Administración podría modificar las zonas o áreas de influencia, la cantidad de plata que piensa recoger o las obras a financiar.
3. También recordó el Cabildante que la Corte Constitucional y el Estatuto Nacional de Valorización han señalado que a la hora de cobrar la contribución debe tenerse en cuenta la capacidad de pago, por lo que a su juicio hay que mirar la capacidad de cada contribuyente y no el valor de su inmueble. Por ejemplo, recuerda que una persona de la que no depende nadie y tiene 10 predios de estrato 3 no pagaría valorización, mientras una madre cabeza de familia con varios hijos y un pequeño apartamento de estrato 4 sí tendría que hacerlo.
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