El concejal de Bogotá, José Cuesta Novoa, interpuso una demanda de nulidad simple ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra el Decreto 117 de 2026, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, al considerar que vulnera derechos fundamentales de la población trabajadora informal.
La acción judicial sostiene que el decreto, que regula el uso del espacio público, afecta de manera directa a vendedores y vendedoras informales, sin garantizar condiciones mínimas de protección constitucional como el derecho al trabajo, el debido proceso y el mínimo vital.
Según el cabildante, el acto administrativo presenta una clara falsa motivación, al fundamentarse únicamente en la defensa del espacio público, sin realizar una ponderación real con los derechos fundamentales de una población históricamente vulnerable.
“El Distrito no puede imponer medidas que desconozcan la realidad social de miles de familias que dependen de la economía informal para subsistir. La recuperación del espacio público no puede hacerse a costa de los más vulnerables”, afirmó Cuesta.
La demanda argumenta que el decreto desconoce reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha establecido que cualquier intervención sobre el espacio público debe cumplir con criterios de razonabilidad, proporcionalidad y enfoque diferencial, incluyendo alternativas como reubicación y garantías de transición económica.
Además de solicitar la nulidad del decreto, el concejal pidió como medida cautelar su suspensión provisional, con el fin de evitar afectaciones inmediatas a esta población mientras se resuelve el proceso judicial.
Con esta acción, Cuesta busca abrir un debate de fondo sobre el modelo de ciudad y la necesidad de armonizar el ordenamiento urbano con la justicia social, garantizando que las políticas públicas no profundicen la exclusión ni la desigualdad en Bogotá.
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