El concejal de Bogotá José Cuesta Novoa destacó como “muy productiva” la reunión sostenida con la Personería de Bogotá para abordar la situación de las familias del barrio Remanso I, en la localidad de Bosa, amenazadas por un eventual desalojo.
“Presentamos, de manera conjunta con la comunidad del barrio Remanso I de Bosa, la propuesta de creación de una mesa técnica con participación del alcalde Carlos Fernando Galán, con el objetivo de avanzar en la titularización del barrio y garantizar el derecho a la vivienda de cientos de familias”, afirmó el cabildante.
El concejal resaltó que esta iniciativa busca construir una solución de fondo y evitar que continúe la incertidumbre jurídica que enfrentan cerca de 100 familias víctimas de la mafia de los tierreros.
Dos grandes noticias para la comunidad del Remanso I
Durante la reunión también se conocieron dos hechos considerados fundamentales para avanzar en una salida concertada:
1. El valor real del predio no es de $8 mil millones
José Cuesta Novoa reveló que el avalúo catastral del predio reclamado por Sotrandes no corresponde a los 8 mil millones de pesos que se divulgaron públicamente.
“El valor catastral real de los predios es de aproximadamente 2.571 millones de pesos, lo que cambia completamente el escenario de discusión y abre posibilidades reales para una solución institucional”, explicó.
2. El Ministerio de Vivienda respaldó la creación de la mesa técnica
El cabildante anunció además que el Ministerio de Vivienda avaló la conformación de esta mesa técnica y confirmó su disposición para acompañar el proceso.
“La ministra de Vivienda ya aceptó participar en esta instancia. Es una señal muy importante porque demuestra que el Gobierno Nacional reconoce la necesidad de buscar soluciones integrales que garanticen la permanencia de las familias en el territorio”, señaló.
La propuesta contempla la participación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Hábitat, la Caja de Vivienda Popular, la Personería de Bogotá, el Ministerio de Vivienda y representantes de la comunidad.
Finalmente, el concejal reiteró que la suspensión del desalojo representa una victoria parcial, pero insistió en la necesidad de actuar con urgencia debido a que la sentencia judicial continúa vigente.
“No podemos permitir que cerca de 100 familias que compraron de buena fe sean expulsadas de sus viviendas. Aquí debe prevalecer el derecho a la vivienda, la justicia social y una solución concertada para la comunidad”, concluyó.
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