En el marco del debate de control político sobre la eventual enajenación de acciones del Grupo Energía Bogotá (GEB), el concejal José Cuesta Novoa advirtió que esta decisión representa un nuevo proceso de debilitamiento del patrimonio público de la ciudad y responde a un patrón histórico en el que la corrupción ha servido como pretexto para impulsar privatizaciones de empresas estratégicas.
Durante su intervención ante el Concejo de Bogotá, el cabildante señaló que la historia de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá demuestra cómo grandes episodios de corrupción terminaron erosionando la confianza pública y facilitando decisiones de transformación institucional que redujeron progresivamente el control del Distrito sobre un activo estratégico para la ciudad.
El concejal recordó que desde comienzos del siglo XX Bogotá concibió el desarrollo energético como un proyecto público fundamental para responder al crecimiento urbano acelerado y garantizar servicios esenciales. La construcción de la Central Hidroeléctrica del Guavio fue pensada como una apuesta estratégica para asegurar el abastecimiento energético de una ciudad que para la década de 1980 superaba los cuatro millones de habitantes. Sin embargo, el proyecto pasó de un costo estimado cercano a los 700 millones de dólares a cifras entre cinco y siete veces superiores, generando un enorme impacto fiscal para la ciudad y el país.
Según Cuesta Novoa, ese episodio marcó el inicio de un proceso de transformaciones que culminó en la conversión de la empresa en sociedad por acciones y abrió la puerta a la entrada de capital privado. “Después de cada proceso de privatización suele existir un preludio: grandes hechos de corrupción que terminan debilitando lo público y justificando su entrega al capital privado”, afirmó.
El cabildante también hizo un reconocimiento a los trabajadores y sindicatos del sector eléctrico, destacando su papel histórico en la defensa del servicio público, incluso en momentos críticos como el 9 de abril de 1948, cuando empleados de la empresa mantuvieron operativa la infraestructura energética en medio de la crisis nacional.
En su intervención cuestionó el antecedente del Acuerdo 651 de 2016, mediante el cual se autorizó la venta de un porcentaje significativo de acciones del GEB, reduciendo la participación del Distrito del 76% a cerca del 65%. A su juicio, nuevas enajenaciones profundizarían la pérdida de control público sobre una empresa altamente rentable, que hoy registra utilidades cercanas a 3,3 billones de pesos y dividendos superiores a 2,2 billones, además de mantener operaciones e inversiones en varios países de América Latina.
Cuesta Novoa también expresó preocupación por los recursos públicos destinados a estructurar procesos de venta accionaria, señalando que se han invertido aproximadamente 41 mil millones de pesos en contratos relacionados con la denominada democratización de acciones. Para el concejal, esta figura no representa una verdadera democratización económica si los principales beneficiarios terminan siendo grandes grupos financieros.
Como alternativa, propuso que en lugar de vender el 9,4% del paquete accionario, el Distrito utilice las utilidades del GEB como respaldo ante banca multilateral. Según explicó, destinar alrededor de 300 mil millones de pesos anuales durante diez años permitiría obtener cerca de 2 billones de pesos para financiar proyectos estratégicos de ciudad sin sacrificar la participación mayoritaria pública.
Finalmente, el concejal insistió en que cualquier decisión sobre el futuro del Grupo Energía Bogotá debe involucrar a la ciudadanía, dado que el principal accionista sigue siendo el Distrito Capital y, en consecuencia, los verdaderos propietarios son los bogotanos. Reiteró su llamado a dar un debate amplio, transparente y democrático sobre el papel de las empresas públicas en la financiación del desarrollo social de Bogotá y en la defensa del patrimonio colectivo.
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