En las instalaciones de la Personería de Bogotá se instaló hoy la comisión técnica solicitada por la comunidad del barrio El Remanso I, en la localidad de Bosa, con el propósito de construir una salida jurídica, institucional y humanitaria que permita avanzar en la titularización de los predios ocupados por familias que compraron de buena fe y que hoy son sus legítimos poseedores.
La instalación de esta comisión fue impulsada y acompañada por el concejal de Bogotá José Cuesta Novoa, quien ha venido respaldando a la comunidad en la defensa de sus derechos frente al eventual procedimiento de desalojo programado para el próximo 14 de julio.
La mesa contó con la participación del secretario general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el secretario de Gobierno, el director jurídico de la Alcaldía Mayor, la Secretaría Distrital de Planeación, representantes de la Procuraduría General de la Nación, la directora de la Defensoría del Pueblo Regional Bogotá, delegados del Ministerio de Vivienda y representantes de distintas entidades distritales y organismos de control.
Durante su intervención, el concejal José Cuesta Novoa insistió en que el problema de fondo tiene origen en las mafias de los llamados “tierreros”, estructuras ilegales que durante décadas promovieron ventas irregulares de predios sin una respuesta efectiva por parte de las autoridades.
“El eslabón más débil no puede terminar pagando las consecuencias de años de omisión institucional. Aquí las verdaderas víctimas son las familias que compraron de buena fe y que durante años consolidaron sus viviendas y construyeron comunidad”, afirmó el cabildante.
Cuesta Novoa cuestionó además el papel de las autoridades frente a negociaciones que, según denunció, se realizaron públicamente desde hace más de una década. “Las ventas se hicieron a la luz del día, incluso frente a un CAI. La pregunta es dónde estaban las autoridades distritales y policiales cuando ocurrieron estos hechos”, señaló.
El concejal advirtió que una eventual decisión de desalojo y demolición de las viviendas podría generar un grave desastre humanitario sobre cerca de mil personas pertenecientes a más de 300 familias, además de un enorme impacto económico y jurídico para el Distrito Capital debido a posibles procesos de reparación administrativa.
“Aquí no estamos hablando de lotes vacíos. Son 94 viviendas consolidadas, muchas de ellas de varios pisos, con vías pavimentadas y una comunidad construida durante años. Destruir eso sería una profunda injusticia social”, manifestó.
Durante la comisión se reiteró que existen mecanismos jurídicos para resolver el conflicto sin acudir al uso de la fuerza, entre ellos instrumentos contemplados en la Ley 2044 y la Ley 388 relacionados con procesos de legalización y titularización.
El concejal recordó además que el predio tiene un avalúo cercano a los 2.500 millones de pesos y mencionó antecedentes similares en Bogotá, como el proceso adelantado en 2018 para la compra y titularización de más de 150 predios en condiciones semejantes.
Como resultado de la reunión, se acordó avanzar de manera acelerada en la búsqueda de soluciones concretas debido a la cercanía de la fecha prevista para el desalojo. En ese sentido, este miércoles se realizará una reunión entre el Distrito Capital y Sotrandes, mientras que en los primeros días de junio se adelantará un encuentro entre el Ministerio de Vivienda del Gobierno Nacional, el Distrito y representantes de la comunidad.
Adicionalmente, José Cuesta Novoa propuso que la administración del alcalde Carlos Fernando Galán presente ante el Concejo de Bogotá un proyecto de acuerdo de iniciativa gubernamental que permita legalizar el polígono donde actualmente se encuentran ubicados los 94 predios de El Remanso I.
“La salida debe ser la titularización y la permanencia de las familias. Hay razones humanitarias, sociales, económicas y de orden público que obligan al Distrito a actuar con responsabilidad y voluntad política”, concluyó el concejal.
