El primer hallazgo fue en el Contrato 02-BS-0101-2022, suscrito con el Consorcio La Victoria, en el que lamentablemente no se evidenció cumplimiento alguno, pues finalizado su término de ejecución, el avance reportado fue del 0%, a pesar de una asignación presupuestal de 15.500 millones de pesos. Frente a esta situación el Concejal del Nuevo Liberalismo expresó que es inaceptable que recursos destinados a la salud de los Bogotanos estén en manos de empresas con medidas cautelares, embargadas y en proceso de remate.
Así mismo, el Contrato 02-BS-0104-2022, celebrado con la empresa Omicron Del Llano S.A.S para la creación del Centro Especializado de Salud Mental Pediátrico USS San Blas, el cual mostró un retraso considerable en el que llegado el día de su terminación sólo se avanzó en un 16%. Situación que se vuelve más crítica al evidenciar NO solo hubo una modificación al contrato que aumentó el valor del mismo (de 5.500 millones de pesos a más de 63.000 millones de pesos), sino que paralelamente se firmó un convenio interadministrativo para el mismo fin asignando aún más dinero, que en cifras supera los 71.000 millones de pesos.
El cabildante encendió las alarmas frente a la falta de supervisión e interventoría efectiva en estos contratos, así como la ausencia de informes sobre anomalías en el SECOP II, incumpliendo normativas legales y éticas. Además, los señalamientos de la Veeduría Distrital y la Personería de Bogotá sobre la atención en salud mental refuerzan la urgencia de reformas integrales.
Frente a la hoja de ruta que debe adoptar la actual Administración, el Concejal exige que las entidades encargadas del Sistema de Salud del Distrito deben cumplir y hacer cumplir, con contundencia, las obligaciones legales y contractuales que afectan recursos públicos, debe trabajarse de forma incansable para erradicar la corrupción.
Es hora de actuar con determinación, transparencia y compromiso para garantizar el bienestar mental de todos los Bogotanos.
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