El concejal de Bogotá Julián Forero radicó formalmente denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y quejas disciplinarias ante la Procuraduría y la Personería Distrital contra el alcalde mayor de Bogotá Carlos Fernando Galán y varios de sus secretarios de despacho, por el nombramiento irregular de la Alcaldesa Local de Kennedy, declarado nulo en dos instancias judiciales.
Esta denuncia se basa en decisiones de los jueces más importantes en estos temas. Tanto el Consejo de Estado como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dijeron que el Decreto 238 de 2024 fue nulo desde el primer día, ya que se nombró a una persona que no cumplía los requisitos que exige la ley para ser alcaldesa local.
La señora Karla Tathyanna Marín Ospina fue nombrada Alcaldesa Local de Kennedy pese a encontrarse inhabilitada, Aun así, el alcalde firmó el decreto.
¿Qué denunció el concejal Forero?
Ante la Fiscalía se denuncian presuntos delitos como: Prevaricato por acción, Prevaricato por omisión, Violación del régimen de inhabilidades, Falsedad ideológica en documento público. Abuso de función pública, Usurpación de funciones públicas.
Ante la Procuraduría y Personería se formularon cargos disciplinarios por faltas gravísimas contra:
- El Alcalde Mayor
- El Secretario General
- El Secretario Distrital de Gobierno
- El Secretario Jurídico Distrital
Los documentos radicados detallan cómo las dependencias encargadas de revisar la legalidad del acto omitieron advertir una inhabilidad manifiesta y objetiva.
El daño institucional
Durante más de un año y seis meses, la Alcaldía Local de Kennedy funcionó con una titular cuyo nombramiento fue declarado nulo, y a pesar de encontrarse ante una posible destitución, esta Alcaldesa se dedicó a adjudicar contratos y realizar nombramientos en cantidades cuestionables. Solo después de la sentencia definitiva y mediante Decreto 040 de febrero de 2026, se declaró la vacancia del cargo.
Para el concejal Forero, el problema no es solo jurídico, sino político e institucional:
“No fue un error. Fue una decisión tomada pese a precedentes judiciales claros. Aquí se ignoró la ley y se puso en riesgo la legalidad del Distrito.”
No se trata de una discusión política:
Se trata de un acto administrativo declarado ilegal por la máxima autoridad contencioso-administrativa del país.
“En Bogotá no puede existir una doble moral jurídica. No se puede exigirle al ciudadano cumplir la ley mientras desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, se firman decretos contrarios al Estatuto Orgánico. Si un ciudadano incumple, lo sancionan. Si la Administración incumple, también debe responder.”
Concejal de Bogotá
