Ante la falta de voluntad política del Gobierno Nacional y el Congreso de la República, el Concejal del Partido Alianza Verde, Julián Rodríguez Sastoque, lidera un Proyecto de Acuerdo que busca modificar el Código de Policía de Bogotá, con el fin de evitar casos de abuso policial en cualquier tipo de procedimiento o en medio de la protesta pacífica.
La iniciativa que se radicó en su primera versión en Septiembre de 2020 y luego de 7 meses de socialización, retroalimentación y construcción colectiva con organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos, ciudadanos, academia y con la Oficina de la Representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, finalmente la iniciativa será debatida en el Concejo.
El proyecto fue presentado después de las noches del 9 y 10 de septiembre cuando fueron asesinados 10 jóvenes en medio de las protestas por el asesinato del abogado Javier Ordóñez, también a manos de policías.
Lo que propone este proyecto de #ReformaPolicialYa:
1. Establece una definición amplia y suficiente de lo que se entiende por abuso policial, como herramienta para que el Distrito establezca acciones y planes estratégicos para prevenir, mitigar y erradicar de este problema. Además, permite a los ciudadanos identificar con precisión en qué situaciones se configura un caso de abuso, por ejemplo, cuando la autoridad impide la grabación de un procedimiento.
2. Reformará el Código de Policía de Bogotá:
Se elevarán los estándares de protección de Derechos Humanos, incluyendo una serie de principios al código como los de razonabilidad, proporcionalidad y respeto y garantía de derechos.
En el marco del derecho constitucional a la protesta social, se harán más estrictos los mecanismos para garantizar los Derechos Humanos en los casos de los traslados por protección y traslado por procedimientos de Policía.
También se limitará la imposición de multas únicamente a aquellas razonables y proporcionales obligando a la autoridad de Policía a argumentar por qué no resultaron efectivos o suficiente acudir a medios menos lesivos para el ciudadano.
3. Se establece un estándar de debido proceso para las requisas. Además, asigna al Distrito responsabilidades para evitar casos de sesgo o discriminación por raza, etnia, género o edad en los procedimientos de requisa.
4. Le da a la Secretaría de Gobierno la responsabilidad de crear una Ruta de Atención Integral a las Víctimas de Abuso Policial, estableciendo, además, coordinación con Secretaría de la Mujer para casos de violencia sexual y violencia basada en género.
5. Ordena actualizar de forma participativa, amplia y garantista, no regresiva, el protocolo para movilizaciones sociales con el fin de que se garantice el derecho constitucional a la protesta social y pacífica en la ciudad.
