La millonaria inversión en videovigilancia que ha realizado Bogotá por más de $14.339 millones, destinada a fortalecer la seguridad ciudadana con la instalación de 200 cámaras LPR de última tecnología, enfrenta una de las mayores crisis de ejecución presupuestal y es la evidencia más clara de una gestión ineficaz, sin rumbo ni responsabilidad, así lo señaló el concejal Vahos, citante del debate, que sobre este tema se surtió en el Concejo de Bogotá.
A un año y medio de haberse iniciado, el contrato de suministro e instalación de equipos de videovigilancia presenta más de 700 días de retraso, cuatro prórrogas, tres modificaciones contractuales y una ejecución física que no supera el 70%. Hoy, 150 cámaras continúan almacenadas y tan solo 50 han sido instaladas, muchas de ellas aún sin estar plenamente operativas. Y lo que es peor, sin interventoría desde el pasado mes de mayo.
“¿Cómo se puede hablar de una Bogotá que camina segura cuando más de 1.793 cámaras están fuera de servicio, con contratos estancados, prórrogas sucesivas y una Administración que se resiste a declarar incumplimientos evidentes?”, cuestiona el concejal Óscar Ramírez Vahos, quien ha venido, primero alertando sobre esta situación y luego denunciando las graves fallas del sistema de videovigilancia en Bogotá.
Este contrato, que hace parte de un ambiciosa estrategia de fortalecimiento de la infraestructura tecnológica en la ciudad y que cuenta, con un presupuesto de más de $705 mil millones de pesos aprobado por el Concejo de Bogotá, está lejos de ser el proyecto insignia del Plan Integral de Seguridad 2024–2027, como se esperaría, pues enfrenta problemas estructurales de planeación desde su origen: especificaciones técnicas poco claras, ausencia de experiencia en obras civiles, múltiples observaciones sin resolver y una gestión insuficiente de permisos logísticos y eléctricos.
Y es que cerca de 1.800 cámaras de la red pública actual están fuera de servicio, lo que representa un 30,8% del total, cubriendo apenas el 27% del área urbana, una cifra que se aleja bastante de la meta explícita del 50%, que se propuso el Distrito, contemplado en el componente tecnológico y de seguridad del Plan de Desarrollo, con el agravante histórico de la baja ejecución presupuestal de apenas el 54% que tuvo la Secretaría de Seguridad a corte 2024, lo cual resulta inaceptable frente al creciente deterioro de los indicadores de seguridad en Bogotá. Las cifras no mienten:
- Homicidios al alza: 1.204 en 2024, el pico más alto en ocho años.
- Extorsión: aumento del 70 % en solo un año.
- Secuestros extorsivos: crecimiento del 1200 % en el primer trimestre de 2025.
- Hurto a personas: más de 30 mil casos registrados en el primer trimestre de 2025.
“Se apostó por la seguridad del siglo XXI, pero la gestión parece seguir anclada en el siglo pasado”, señaló el concejal Vahos, a lo que agregó “Estas cifras no solo no contrastan con el eslogan de la Alcaldía Bogotá camina segura, lo desvirtúa por completo. La realidad es que Bogotá camina entre anuncios incumplidos, improvisación, grandes titulares y falta de toma de acción institucional”.
Peor aún, desde mayo de 2025, el contrato no cuenta con una interventoría formal, lo que ha puesto en riesgo el seguimiento técnico, financiero y operativo de las obras. Pese a las alarmas, la Secretaría Distrital de Seguridad no ha declarado incumplimiento alguno al contratista, al contrario, ha optado por continuar el contrato mediante modificaciones, otorgando mecanismos que flexibilizan los términos de cumplimiento, sin establecer los correctivos necesarios.
Mientras tanto, la promesa de un sistema de videovigilancia robusto para Bogotá se diluye entre justificaciones administrativas. Lo que inevitablemente lleva a plantearse varios cuestionamientos; ¿Dónde está la responsabilidad institucional? ¿Quién responde por los recursos ya girados? ¿Se contemplan nuevas interventorías o será la Oficina del C4 quien asuma sola el seguimiento de un contrato millonario en medio de un proceso de reorganización empresarial? ¿Quién protege la integridad de los ciudadanos mientras las cámaras siguen apagadas?
La ciudadanía exige respuestas concretas y una gestión transparente. Los recursos invertidos en tecnología deben traducirse en mayor seguridad, no en justificaciones y mucho menos en anuncios vacíos.
“Que esta Administración no normalice las gestiones incumplidas. Bogotá merece un sistema de seguridad funcional y moderno, no excusas”, puntualizó el concejal Óscar Ramírez Vahos quien exige una respuesta inmediata de la Administración Galán sobre:
- Declaratoria formal de incumplimiento del contratista.
- Designación urgente de una nueva interventoría.
- Informe técnico-financiero detallado del estado del contrato.
- Plan realista de reactivación y cumplimiento con cronograma público.
- Auditoría independiente del sistema de videovigilancia en toda la ciudad.
Vahos, citante debate de control político, concluyó su intervención expresando, “Este no es solo un llamado político, es una necesidad de ciudad. Bogotá no camina segura. Bogotá camina en la incertidumbre, esperando una gestión pública que esté a la altura del panorama crítico que afrontamos. La administración no puede normalizar lo inaceptable. Bogotá no necesita más anuncios; necesita resultados. Y los necesita ya.”
contacto Luz Ángela Cárdenas 3002287938
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