- Terminación unilateral de contrato con COPASA, ¿otra intromisión del gobierno nacional en perjuicio de Bogotá?
- Decisión del agente interventor designado por la Nación pone en riesgo la prestación de servicios de salud y atenta contra el patrimonio de la ciudad por demanda de $500 mil millones
A propósito de la terminación unilateral del contrato del San Juan de Dios por parte del gobierno nacional y su ente interventor, el concejal de Bogotá Oscar Ramírez Vahos anunció que el pasado 8 de agosto radicó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad sobre la intervención forzosa a la Subred de salud Centro Oriente, esto tras concluir que el gobierno Petro no tendría motivaciones probadas para realizar tal intervención que ha generado, entre otras cosas precisamente acciones como la del San Juan de Dios.
Luego de que el interventor de la Subred de Salud Centro Oriente oficializara mediante acto administrativo la finalización del contrato suscrito con la firma española COPASA, el concejal Oscar Ramírez Vahos reaccionó ante esta nueva intromisión del gobierno nacional en los asuntos de la ciudad, “esta decisión no plantea una solución definitiva para el San Juan de Dios y sí atenta contra la atención en salud a los bogotanos y en detrimento de las finanzas de Bogotá por cuanto la liquidación del contrato representa un proceso judicial para el Distrito por cerca de medio billón de pesos, esto además de la demanda arbitral que ya cursa contra Bogotá por $70 mil millones que reclama el contratista como indemnización y todo por los caprichos de Gustavo Petro”, señaló enfáticamente el concejal VAHOS.
Y es que es ampliamente conocido el especial interés del hoy presidente de la República por restaurar el San Juan de Dios y aunque el proyecto planteaba la demolición de la torre central del hospital para construir nueva infraestructura, lo visto es que Petro moverá lo que tenga que mover para impedir a toda costa la construcción de la Uhmes Santa Clara y el nuevo Complejo Hospitalario San Juan de Dios. “Ya lo hizo a través del Ministerio de Cultura que, en su momento, no otorgó los permisos requeridos para la demolición y ahora lo hace mediante el interventor de la Subred de salud centro oriente designado por la SuperSalud”, señaló el cabildante, pues fue justamente lo que detonó que se materializara el presunto incumpliento del contratista y lo que llevó al grupo español a solicitar un tribunal de arbitramento internacional.
Continúa estando así en manos del gobierno nacional el futuro del San Juan de Dios, ya que en 2023 un decreto habilitó a la nación para adquirir los complejos del San Juan y del Instituto Materno Infantil; sobre este tema no se conocen avances aún.
El concejal VAHOS quien desde 2022 advertía esta situación hizo además un llamado urgente a fortalecer la infraestructura en salud en Bogotá, “con esta situación pierde la ciudad y pierden los ciudadanos que siguen viendo postergado en el tiempo la posibilidad de contar con unidades atención en salud de alta especialidad”, atento al concepto que emita el Consejo de Estado y quien determinará la legalidad de la intervención del gobierno a la Subred y de esta manera se ponga freno a las intromisiones indebidas del gobierno sobre el sistema de salud de los bogotanos.
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