La Concejal Ana Teresa Bernal, en un debate crucial para la igualdad de género y la erradicación de la violencia política contra las mujeres en Bogotá, destacó la urgente necesidad de abordar este problema sistémico que persiste en todos nuestros entornos cotidianos.
La violencia política contra las mujeres, como señaló la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), abarca una serie de acciones u omisiones basadas en elementos de género que resultan en daño físico, sexual o psicológico, así como amenazas, coacción o la privación arbitraria de la libertad de una mujer, tanto en la vida pública como en la privada. Este fenómeno busca silenciar, deslegitimar o eliminar la participación activa de las mujeres en la esfera política, perpetuando las desigualdades de poder entre hombres y mujeres.
A través de diversas perspectivas feministas, se ha ampliado la definición de violencia política para incluir no sólo la violencia física o psicológica, sino también formas más sutiles de violencia, como la misoginia, el sexismo institucional y la exclusión deliberada de las mujeres de los procesos políticos. Esto destaca cómo las estructuras patriarcales y de poder perpetúan la violencia política contra las mujeres.
La elección de Esmeralda Arboleda en 1958 marcó un hito en la lucha por los derechos de las mujeres en la política colombiana al convertirse en la primera senadora del país. A pesar de su valiente elección, más de seis décadas después, nos enfrentamos a un aumento alarmante en la violencia contra lideresas políticas, según los datos proporcionados por el Observatorio Político Electoral de la MOE. Entre octubre de 2022 y abril de 2023, se registraron 65 incidentes de violencia, un aumento del 141% en comparación con las elecciones locales de 2019.
La violencia política contra las mujeres se manifiesta de diversas maneras, desde intimidación y amenazas hasta violencia física, difamación, estigmatización, exclusión y discriminación. Sus efectos perjudican la participación política de las mujeres, perpetúan las desigualdades de género, socavan la democracia y debilitan la confianza en las instituciones.
Es en este contexto que las secretarías de Gobierno y Mujer, y el Idpac, han desarrollado una estrategia distrital para garantizar los derechos de las mujeres en contextos políticos. Esto incluye promover el diálogo democrático, la creación de una mesa de violencia contra las mujeres en política, el registro de casos de violencia política de género y la definición de rutas de atención.
En una nota esperanzadora, el Proyecto de Ley 006 de 2022, "Medidas para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política", de autoría de las senadoras Nadia Blel y María José Pizarro, fue aprobado en la Cámara de Representantes. Esta ley busca garantizar que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos políticos y electorales, promoviendo la paridad de género y eliminando barreras para su participación en todos los ámbitos de la vida política y pública.
La promoción de programas educativos y campañas de concientización, junto con un marco normativo y políticas efectivas, son esenciales para abordar la violencia política. La seguridad de las lideresas políticas y el estímulo a su participación activa son igualmente cruciales para lograr una sociedad más inclusiva y equitativa.
En resumen, la violencia política contra las mujeres es un obstáculo significativo para la igualdad de género, la democracia y la paz en Colombia. Abordar este problema de manera seria y efectiva es fundamental para crear un entorno político y democrático más inclusivo y equitativo.
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