Concejala de Bogotá Ati Quigua, radica Tutela al serle retiradas las medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección – UNP

La concejala de Bogotá, tutela para que se le amparen sus derechos fundamentales a la igualdad y a la protección constitucional especial para mujeres de pueblos y comunidades indígenas del conflicto armado por parte de la Unidad Nacional de Protección

En el día de hoy la concejala indígena de Bogotá Ati Quigua, radicó ante un Juez de la República, una acción de tutela para que ampare sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad y la seguridad personal, vulnerados con la decisión de la Unidad Nacional de Protección (UNP) institución adscrita al Ministerio del Interior, de retirar las medidas de seguridad y protección a la lideresa arhuaca, desconociendo su trayectoria política, condición de género, pertenencia étnica y el haber sido víctima de desplazamiento forzado.

Esta desafortunada decisión se da en un contexto de recrudecimiento de los hechos de violencia en nuestro país, en particular en contra de líderes sociales e indígenas, que vienen siendo asesinados de manera selectiva y sistemática. Al respecto, según el Centro de Memoria Histórica se asesina un líder social cada día y medio, y de acuerdo al Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ "Desde el año 2016 han sido asesinados 269 líderes indígenas, de los cuales 242 luego de la firma del Acuerdo de Paz (24 de noviembre de 2016, Teatro Colón) y 167 durante la presidencia de Iván Duque (al 8 de junio de 2020)".

La concejala de indígena de Bogotá, también víctima del conflicto por desplazamiento, vocera del Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS (partido que ha que ha sido objeto de amenazas por parte de grupos armados ilegales) ha sostenido el compromiso con los derechos de la diversidad étnica, la protesta social y pacífica, la denuncia del asesinato a líderes y lideresas, la defensa de los derechos de las propias víctimas,  la lucha contra el extractivismo, la defensa del agua y los derechos de la naturaleza, en el país más peligroso para las y los defensores del medio ambiente según reportes de Global Witness  para el año 2019 y 2020.

El Estado tiene el deber constitucional de proteger la vida y la integridad personal de las lideresas y los líderes sociales, indígenas y de toda la diversidad étnica, debiéndose responsabilizar por cualquier daño a la integridad personal que puedan sufrir ante la ausencia de medidas de seguridad reales y eficaces como es el caso de la concejala indígena Ati Quigua.

Oficina de Prensa
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