Este martes inició el debate de control político sobre los recursos en la construcción de la nueva sede de la Alcaldía de Teusaquillo, citado por la concejala Luz Marina Gordillo y la bancada del Partido Liberal.
De acuerdo con Gordillo, “las obras previstas para 26 meses ya llevan 56. Lo peor es que aún no se sabe si podrá ser utilizada la infraestructura. Las anomalías de este contrato están desde su adjudicación”. La concejala también le preguntó a la Administración Distrital sobre las acciones legales que ha adelantado en contra del constructor por daños y perjuicios a la comunidad del sector.
Para el concejal Armando Gutiérrez, este caso refleja las típicas irregularidades de los procesos de contratación en Colombia. “¿Cómo van a responder los funcionarios públicos? Este es el clásico caso de fallas en la planeación y estructuración de una licitación”, dijo.
Desde otra perspectiva, el concejal Germán García se refirió a cómo los concejales podrán garantizar que “elefantes blancos” como este no se repitan. “Debe ponerse en discusión cómo desde la planificación de la ciudad y las normas urbanas para este nuevo POT puedan controlarse y prevenirse los daños a terceros”, aseguró.
La concejala Sara Castellanos insistió en lo alarmante de perder una obra de 33 mil millones de pesos, de la que se desconoce los daños que podría causar si se utilizara. “Parece que la nueva sede de la Alcaldía de Teusaquillo no será un edificio para oficinas, sino un monumento de la mala ejecución con recursos públicos”, agregó.
Del Partido Liberal también participó la concejal María Victoria Vargas, quien solicitó que se le envíe copia de este debate a la Fiscalía General de la Nación para que investigue si nos encontramos frente a la comisión de un presunto delito por no haber tomado medidas previas a la celebración del contrato.
Los voceros de bancada también intervinieron en el debate. El concejal Carlos Carrillo, a nombre del Polo Democrático Alternativo, advirtió que “a este momento no existe publicado un proceso sancionatorio que haya finalizado en una multa al constructor” y preguntó qué va a hacer la Administración en contra de la interventoría y qué va a pasar con la infraestructura.
El concejal Marco Acosta, vocero de Colombia Justa Libres, le pidió claridades al Distrito frente al acompañamiento que le ha dado a las comunidades afectadas por la obra. Según el concejal, autoridades como la Contraloría han dejado claro el riesgo estructural que tiene el edificio y por eso muchos ciudadanos que vivían en inmediaciones de la construcción han salido damnificados y han tenido que retirarse de la zona.
Según la concejala Lucía Bastidas, “el IDIGER ha planteado que hay condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de ruina desde el 2017”. Por eso preguntó cuáles son los avances hasta hoy en la definición de las afectaciones que podría causar la infraestructura y las posibles soluciones o alternativas al respecto.
La concejal Diana Diago se refirió específicamente a los recursos que ha perdido la capital del país por esta obra inconclusa. “¿Cuál es el plan de la Secretaría de Gobierno para recuperar la plata? Hay herramientas jurídicas y pólizas que se tienen que hacer cumplir”, aseguró.
Asimismo, las concejalas Ana Teresa Bernal y Carolina Arbeláez hicieron evidentes las irregularidades que presenta el proyecto. “Aquí hay negligencia, detrimento patrimonial, cualquier cantidad de irregularidades. Este debate debe conducirnos a buen puerto, porque estamos hablando de dinero público”, aseguró Bernal; a lo que agregó Arbeláez que “en esta Administración la falta de ejecución de las obras aumenta y hay irregularidades en la contratación de varias localidades como Bosa y Rafael Uribe Uribe”.
Este debate fue suspendido y se retomará en una próxima sesión de la Comisión de Hacienda con las intervenciones de los invitados y las respuestas de la Administración.
Concejo de Bogotá
