Hoy en plenaria del Concejo de Bogotá, tras 12 horas de discusiones, se realizó el segundo debate al Proyecto de Acuerdo por medio del cual se autoriza a Bogotá para que a través de la Secretaría Distrital de Hacienda asuma obligaciones para garantizar el aporte del Distrito Capital a la confinanciación del Sistema Integrado de Transporte Masivo para Bogotá- primera línea del Metro tramo 1- con cargo a vigencias futuras ordinarias 2018-2041.
La Concejal Xinia Rocío Navarro, del Polo Democrático, ratificó en su segunda intervención su posición negativa. Argumentó que los debates son para controvertir las posiciones en favor y en contra de un proyecto y que los colegas que rindieron ponencia favorable no se ocuparon de controvertir sus puntos de vista en los cuales se sostiene que se está violando la Constitución y la ley en relación con el modelo de ciudad y se quiere aprobar sin concluir los estudios, el ordenamiento territorial y el plan maestro de movilidad y que esto constituye prevaricato y que los concejales lo deben tener en cuenta.
Del mismo modo, aseguró que en el pasado el Metro estaba diseñado como sistema principal de movilidad y el TransMilenio como alimentador y que está administración invirtió los términos y colocó el Transmilenio como sistema principal y el metro como alimentador. Concluyó diciendo que “el metro no tiene color político, porque todos queremos el metro, sólo que algunos queremos el mejor”.
En uso de la palabra, la concejal María Victoria Vargas, del partido Liberal, refutó en tres puntos la argumentación en contra de la Concejal Xinia Navarro y explicó que no hay desconocimiento del POT y que el trazado de la primera línea del metro no es obligatoria porque perdió vigencia y el plan maestro de movilidad si contempla el metro.
De otro lado manifestó que las vigencias futuras son ordinarias y excepcionales y que las que se tramitan son ordinarias y cumplen con los requisitos que les corresponden. Por último explicó que la obligación del Concejo es verificar que se satisfacen las condiciones exigidas para su realización.
A su turno, el Concejal Yefer Vega, del partido Cambio Radical, confirmó los argumentos expuestos anteriormente en el sentido de que el metro es una necesidad sentida por la comunidad que le conviene a la ciudad y que “todos queremos el metro porque beneficia fundamentalmente a los estratos de más bajos recursos y a la población vulnerable de las 10 localidades por donde pasa el metro”. Ratificó que el proyecto cumple con todos los requisitos legales, técnicos, financieros y tecnológicos y que constituye una fuente de empleo que va acrecentar el bienestar de los usuarios y de quienes logren trabajar en el proyecto.
“Decir no al metro es decir no al mejoramiento en la calidad de vida, no al progreso, no a más de 300 mil empleos, no a 14 km de Ciclorruta, estamos en un punto de no retorno, tendremos un metro tecnológico, urbanístico y ambiental, un regalo que nos merecemos”, precisó Vega.
A continuación, el Secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, explicó que la Administración tiene un plan integral de Movilidad que se articula con una amplia red de alimentadores de transporte masivo y que el secreto de sostenibilidad es que el transporte público sea siempre la mejor opción de movilidad.
“La solución en definitiva a los problemas de movilidad será la intermodalidad, la mejor línea de metro posible integrada a más troncales de TransMilenio que permitan atender un mayor número de pasajeros y con la calidad en el servicio que los bogotanos se merecen”, señaló Bocarejo.
Los voceros de las diferentes bancadas intervinieron y se escucharon voces a favor y en contra del proyecto. Los opositores del mismo consideraron que no se tienen claros los estudios de factibilidad, por tanto la obra sería ilegal y estaría construida bajo especulaciones. Manifestaron que en la aprobación del Conpes la nación desconoció las herramientas de planeación territorial y de movilidad establecidas. Al realizar el Metro habrían daños urbanos irreparables, es una decisión que se ha tomado a las carreras. Con el Acuerdo Distrital 642 de 2016 se comete un grave error porque fue aprobado para un metro subterráneo y el dinero lo van a utilizar para uno elevado”, aseguraron.
Quienes apoyan esta iniciativa, que son la mayoría de concejales, afirmaron “estar en un punto de no retorno y tendremos un metro tecnológico, urbanístico y ambiental, un regalo que le sirva a la ciudad, revisamos con mucho rigor y en términos jurídicos tenemos la plena certeza de que estamos cumpliendo con la ley. Además, las garantías provienen del Consejo Nacional de Política Social, CONPES, que dio el visto bueno y hay que recordar que la nación dispondrá para la financiación el 70% de los recursos y el Distrito el 30%; es decir, la nación tiene el mayor interés para que dichos recursos que dispuso se inviertan de la mejor manera”.
En términos económicos, el metro elevado es $3,6 billones (a precios de 2017) más económico que la opción subterránea. Además, tiene mayores beneficios en relación a su costo ya que generará 276.000 m2 de espacio público para que los peatones puedan movilizarse mejor.
El Presidente de la Corporación, Horacio José Horacio Serpa Moncada anunció que el debate sobre las vigencias futuras para la primera línea del metro de Bogotá en sesión plenaria continuará mañana martes 31 de octubre.
