- La emblemática obra lleva más de 4 años inconclusa y sólo ha ejecutado el 31,52% del presupuesto.
- Concejales denuncian mala planeación, hallazgos ignorados, contratos fallidos y exigen justicia y participación ciudadana.
En el marco de la sesión de control político realizada en la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público, el Concejo de Bogotá debatió la situación del proyecto de recuperación de la Plaza Fundacional de Usaquén, que permanece inconcluso desde 2021 con un avance físico del 31,52 por ciento.
Los concejales señalaron deficiencias en la planeación, contratación y ejecución de la obra, e hicieron un llamado a establecer mecanismos de seguimiento ciudadano y concluir el proceso con participación comunitaria. El debate fue promovido por los cabildantes Juan David Quintero y David Hernando Saavedra, de la bancada del Partido En Marcha (EM).
Planeación fallida y ejecución paralizada
El concejal Jesús Araque, del Nuevo Liberalismo (NL), dijo que el proyecto, adjudicado en 2021 bajo la administración anterior, representa un ejemplo claro de mala planeación, baja ejecución y falta de gestión contractual. “La obra sólo alcanzó un avance físico del 31,52 por ciento de los 36.956 millones de pesos proyectados”, enfatizó.
Araque señaló que el contrato IDU 1720 de 2021, adjudicado al Consorcio R.G.H. 2021, tenía como objetivo recuperar el centro fundacional de Usaquén, pero enfrentó múltiples suspensiones, hallazgos arqueológicos y una clara falta de implementación de Planes de Manejo de Tránsito (PMT) adecuados, lo que afectó gravemente la movilidad y la vida cotidiana del sector. “Esto fue un ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer en la ciudad”, afirmó.
Agregó que, desde el 2024, la nueva Administración ha venido tomando correctivos: se reactivó el contrato en marzo de 2025, se rediseñó el proceso contractual y se implementaron planes de estabilización del espacio público.
Araque advirtió que, aunque ya no hay vías cerradas y la zona empieza a reactivarse, la obra aún no está entregada y sus impactos negativos siguen siendo evidentes: “Las soluciones temporales no pueden convertirse en permanentes. La ciudadanía está esperando una solución definitiva”, puntualizó.
Impacto local y fallas de articulación institucional
El concejal Juan David Quintero (EM) aseguró que hablar de Usaquén es hablar de un laboratorio que refleja lo que ocurre en Bogotá “cuando el gobierno no se guía por políticas públicas integrales, sino por esfuerzos aislados”. Señaló que la localidad cuenta con un enorme potencial ambiental y cultural, pero que ha faltado una administración que realmente articule ese potencial para posicionar a Usaquén como una referencia distrital.
El cabildante destacó que los residentes y comerciantes de la zona, además de retrasos, han enfrentado problemáticas estructurales en movilidad y seguridad. Reconoció los avances de la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía Local, pero afirmó que, “nunca serán suficientes mientras no se cuente con una estrategia sólida frente al mal parqueo y el control del espacio público”. Resaltó el trabajo de la Secretaría de Seguridad con iniciativas como la patrulla gastronómica, pero pidió mayor inversión en frentes ciudadanos de seguridad y zonas seguras, dado que muchos de los comerciantes también son residentes que padecen a diario la falta de respuesta institucional.
Hallazgos patrimoniales y exigencias de control
El concejal Fernando López (NL) calificó el estado del Centro Fundacional de Usaquén como “una herida abierta al patrimonio histórico de la ciudad” y lamentó que, a pesar de ser una obra prioritaria, hoy se catalogue como un “elefante blanco”, resultado de la mala planeación. Reconoció que la Administración del alcalde, Carlos Fernando Galán, ha asumido con responsabilidad el reto de corregir lo que calificó como “un contrato fallido y cuatro años de retroceso institucional”.
López agregó: “Estamos hablando de una obra inconclusa, con múltiples incumplimientos del contratista, problemas de calidad, falta de materiales, equipos y personal, y además sin capacidad financiera para responder a sus obligaciones”.
El concejal Ricardo Andrés Correa Mojica (NL) explicó que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) tomó la decisión de no prorrogar el contrato con el consorcio RGH 2021 y asumió la posesión predial de la obra. Como medida inmediata, se implementó un plan de mitigación para habilitar temporalmente la movilidad en las zonas afectadas y así reducir el impacto sobre los residentes y comerciantes.
Correa Mojica resaltó que, durante este período, la intervención arqueológica reveló más de 92.000 hallazgos patrimoniales, entre los que se destacan 51.055 piezas de cerámica, 2.600 fragmentos de materiales constructivos y 8.900 restos óseos de fauna, lo que subraya la importancia histórica del sector. Agregó que la Administración ya extrajo la totalidad del material arqueológico y se completó una búsqueda exhaustiva en toda el área intervenida.
Irregularidades contractuales y propuestas de seguimiento
La concejal Cristina Calderón (NL) dijo que los problemas comenzaron desde la etapa de planeación, pues el contrato de consultoría 1514 de 2017, que debía desarrollar los estudios y diseños, acumuló 66 suspensiones y generó un producto inviable, con errores de diseño e inconsistencias técnicas que no fueron identificadas sino hasta 2022, cuando ya se había iniciado la construcción. “Esta precariedad técnica inicial representó una pérdida directa de más de 130 millones de pesos del erario público”, indicó.
El concejal Juan Manuel Díaz (NL) fue enfático al señalar que lo ocurrido con la Plaza es el reflejo del abandono y las promesas rotas de la administración anterior. “El contratista no movía un ladrillo, no invertía un peso, pero sí pretendía lucrarse a través de procesos judiciales. Incumplió con los informes arqueológicos, con las condiciones de seguridad laboral, y acumuló sanciones por prácticas inaceptables”, afirmó. Recordó que, en agosto de 2024, el contratista fue sancionado con una multa de 39 millones de pesos por no pagar salarios ni prestaciones a su personal, lo que calificó como una falta grave de ética contractual.
Finalmente, Díaz propuso la creación de una comisión accidental del Concejo de Bogotá que haga seguimiento a la nueva licitación pública y supervise la actuación de los responsables del diseño original del proyecto. “Este no puede ser un caso más que queda en la impunidad. Hacemos un llamado al Concejo, a los entes de control y a la ciudadanía para que vigilen cada etapa de este proceso. Usaquén merece justicia y resultados”, concluyó.
Llamado a cerrar el ciclo con participación ciudadana
El concejal David Hernando Saavedra (EM) hizo un llamado a avanzar con decisión en el nuevo proceso de apertura y adjudicación del contrato que permita finalizar la intervención en la Plaza. Enfatizó que la comunidad debe ser el eje central de la discusión sobre el espacio público, y que las decisiones deben orientarse a consolidar este espacio como un referente turístico, cultural y patrimonial de la ciudad. “No se trata sólo de terminar una obra, sino de devolverle a Usaquén su dignidad urbana, con participación, identidad y respeto por quienes la habitan y la visitan”, concluyó.
El concejal Juan Baena (NL) calificó el proyecto como “una mala idea, mal planeada y peor ejecutada desde el inicio”. Señaló que desde su concepción era evidente que en un sitio fundado en 1539 se encontrarían hallazgos arqueológicos, pero no se tomaron las previsiones necesarias ni se seleccionó adecuadamente al contratista. “El contrato firmado en 2021 y cuyas obras iniciaron en 2022, no tenía cláusulas contractuales sólidas ni garantías para un manejo técnico adecuado”, explicó.
Agotado el orden del día, se dio por terminada la sesión, la cual puede observar en nuestro canal de YouTube a través del siguiente enlace:
https://www.youtube.com/live/ACo0ugQGKv8?si=bbhs7MrzT1GhgTCk
