- Restricciones en el crecimiento urbano requieren fortalecer procesos de revitalización y renovación, indicó la concejala Donka Atanassova
- Concejales solicitaron consolidar procesos de planeación participativa que permitan el aprovechamiento eficiente del suelo.
En sesión de la Comisión del Plan, el Concejo de Bogotá adelantó un debate de control político frente a los retos para acceder a vivienda en la ciudad, citado por las concejalas Heidy Sánchez y Quena Ribadeneira, del partido Pacto Histórico.
Iniciando la jornada, la concejala Donka Atanassova señaló que el Distrito ha presentado dificultades en el cumplimiento de metas relacionadas con la entrega de viviendas de interés prioritario. De igual manera, indicó que Bogotá enfrenta limitaciones para su expansión, por lo que resulta necesario fortalecer la articulación de los instrumentos de ordenamiento territorial, con el fin de promover procesos de renovación, revitalización y uso eficiente del suelo, sin generar desplazamiento de los moradores tradicionales. En ese sentido, planteó la importancia de avanzar en esquemas de planeación participativa que permitan construir soluciones de ciudad de manera conjunta con las comunidades.
Por su parte, la Administración Distrital expuso los avances en programas de acceso a proyectos residenciales dirigidos a población vulnerable, a través de subsidios para mejoramiento, adquisición de vivienda nueva y apoyos al arriendo. Señaló que iniciativas como “Reduce tu Cuota” han permitido que el 65 % de sus beneficiarios sean mujeres, mientras que 6 de cada 10 subsidios se destinan a hogares con ingresos inferiores a 2 millones.
Frente a los resultados de programas como “Mi Casa en Bogotá”, la Administración informó que en 2025 se iniciaron 49.883 viviendas, de igual manera, 1.458 hogares con ingresos inferiores a un salario mínimo participaron en programas de ahorro. En cuanto a los Proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (PRUMS), indicó que se adelantan acciones articuladas alrededor de sistemas como el Metro y Transmilenio, orientadas a fortalecer entornos residenciales con mayor espacio público, conectividad peatonal y cercanía al transporte público.
A su turno, las concejalas Sandra Forero, Ana Teresa Bernal, Heidy Sánchez, junto con los cabildantes Juan David Quintero, Jesús Araque y José Cuesta manifestaron la importancia de fortalecer la inversión en vivienda formal como un mecanismo para mejorar las condiciones de vida de la población. Señalaron que el acceso a esta contribuye a la estabilidad económica de los hogares, incrementa las posibilidades de cotización pensional, mejora los ingresos y reduce la probabilidad de pobreza moderada. Asimismo, destacaron avances en programas distritales, incluyendo la reducción de pagos en iniciativas como “Reduce tu Cuota” y el acceso a vivienda para 3.914 hogares víctimas del conflicto armando, en condición de discapacidad y grupos étnicos.
No obstante, advirtieron que persisten falencias estructurales en la política de vivienda, caracterizadas por una gestión fragmentada y una desconexión entre la acción institucional y la dinámica del mercado. Indicaron que este escenario ha favorecido la expansión informal hacia los bordes de la ciudad, llevando a los hogares más vulnerables a ocupar zonas no aptas para la habitabilidad, como laderas inestables. A ello se suma un acceso desigual a los subsidios, especialmente para quienes tienen ingresos entre 0 y 1 salario mínimo, así como un modelo en el que los principales beneficiarios son las entidades financieras y las constructoras, siendo los ciudadanos con menores recursos quienes asumen mayores cargas económicas.
Por lo anterior, la Corporación solicitó a la Administración fortalecer la articulación de la política pública de vivienda, garantizar el cumplimiento de las metas en la entrega de soluciones habitacionales y mejorar los mecanismos de seguimiento y respuesta frente a proyectos con fallas estructurales. Asimismo, instó a priorizar a la población más vulnerable en la asignación de subsidios, promover estrategias que eviten la expansión informal en zonas de riesgo y consolidar procesos de planeación participativa que permitan el aprovechamiento eficiente del suelo sin generar desplazamiento de comunidades.
