- 461 adolescentes han sido indiciados por delitos relacionados con armas de fuego, indicó la concejal Diana Diago.
- Menores en contextos de vulnerabilidad enfrentan riesgos de instrumentalización delictiva, alertó el cabildante Andrés Barrios.
- Cabildantes insisten en priorizar educación y oportunidades para prevenir la criminalidad.
En sesión plenaria, el Concejo de Bogotá adelantó un debate de control político sobre los delitos cometidos por menores en la ciudad, citado por las concejales Diana Diago, Sandra Forero y el cabildante Julián Espinosa, de los partidos Centro Democrático y Alianza Verde.
Durante la deliberación, los concejales Diana Diago, Andrés Barrios, Julián Uscátegui, Andrea Hernández, Humberto Amín, Julián Espinosa y Julián Triana expusieron un panorama general del comportamiento delictivo en la capital. Indicaron que, entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de agosto de 2025, se registraron 4.331 aprehensiones de menores entre los 14 y 17 años por conductas como lesiones personales, hurto y homicidio, con 98 casos asociados a este último delito.
A partir de estas cifras, los cabildantes advirtieron sobre un cambio en la dinámica de las estructuras criminales, en las que los menores han dejado de ser utilizados de manera ocasional para convertirse en un componente central dentro de su operación. Según lo expuesto, estas organizaciones recurren a adolescentes debido a las menores sanciones que enfrentan, el tiempo reducido de privación de la libertad y la facilidad con la que pueden ser reemplazados.
El debate también abordó la circulación de armas en la ciudad y su incidencia en este fenómeno. Los concejales alertaron sobre modalidades como el alquiler de dichos instrumentos y el acceso de adolescentes a estos elementos, lo que evidenciaría la existencia de redes de tráfico ilegal y la participación de adultos en su provisión. Así, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General de la Nación, entre 2019 y 2025, con corte a noviembre, 461 menores fueron indiciados por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.
Este panorama se encuentra relacionado con las condiciones sociales en las que crecen muchos de estos jóvenes. Los cabildantes señalaron que la violencia intrafamiliar y la ausencia de entornos protectores inciden de manera directa en sus trayectorias personales, por lo que insistieron en la necesidad de evitar la estigmatización y avanzar en el cierre de brechas de desigualdad mediante oportunidades reales para esta población.
En línea con lo anterior, cuestionaron las limitaciones institucionales para atender de manera integral esta problemática. Indicaron que el Distrito no cuenta con mecanismos suficientes de articulación de información con entidades como la Fiscalía y la Policía, ni dispone de herramientas de seguimiento posterior a la atención de los jóvenes. En ese sentido, advirtieron que la ausencia de medición de reincidencia dificulta evaluar la efectividad de las políticas públicas. Frente a esto, mencionaron cifras del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON), según las cuales 14.581 jóvenes se encuentran en riesgo de habitabilidad en calle, de los cuales solo 2.138 han aceptado la oferta institucional, lo que deja al 85 % de esta población en riesgo de desatención.
La discusión también abarcó el análisis del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, el cual contempla medidas con un enfoque pedagógico orientado a la resocialización. No obstante, se señaló que en la práctica persisten dificultades en su implementación. Es así como en los centros de atención especializados se evidencian problemáticas relacionadas con condiciones de detención, motines, fugas, limitaciones de personal e infraestructura, lo que deriva en hacinamiento, afectaciones en salud y restricciones en los procesos educativos.
Finalmente, la Corporación instó a la Administración Distrital a fortalecer la coordinación entre la Secretaría de Seguridad, el IDIPRON, la Policía y la Fiscalía, con el fin de implementar estrategias integrales que permitan enfrentar esta problemática. Entre las acciones propuestas se encuentran el control del flujo de armas mediante estrategias de desarme y persecución de redes ilegales, el desmantelamiento de estructuras asociadas al microtráfico en barrios y entornos escolares, y el fortalecimiento de la oferta institucional con intervenciones más prolongadas y seguimiento efectivo.
Asimismo, los cabildantes hicieron un llamado a consolidar diagnósticos por localidad, focalizar intervenciones en zonas críticas, diseñar estrategias específicas contra el reclutamiento urbano y ampliar las oportunidades para los jóvenes, reiterando la importancia de priorizar la educación, así como las acciones sociales y comunitarias, como herramientas fundamentales para prevenir la violencia desde su origen y garantizar condiciones que favorezcan el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.
