El concejal Edward Arias, del Partido Verde, inició su intervención haciendo alusión a la falta de estudios acomodados en las localidades de Barrios Unidos y Usaquén y las irregularidades que se encontraron por más de 34.450 millones de pesos en Suba, Teusaquillo y los Mártires por presunta vulneración a los principios de contratación, planeación, transparencia y el deber de selección objetiva.
Posteriormente se refirió a lo “triste y lo grave” en la ejecución presupuestal de cada una de las alcaldías, mencionando la ejecución de cada una de ellas y resaltando que en la localidad de Bosa se ha ejecutado el 4,21% y en la localidad de San Cristóbal el 7.68%, siendo estas dos las localidades que llevan menos presupuesto ejecutado.
Por lo tanto, indicó “que de los 807.000 millones que se tenían dispuestos para ejecutar tan solo se han ejecutado 111.000 millones. No llegamos ni al 15 % en el octavo mes del año, lo cual quiere decir que necesariamente se van a tener que hacer procesos de carrera mal hechos al final del año, así mismo expresó que tristemente tenemos uno de los años con la más baja ejecución presupuestal por parte de las alcaldías locales.
A su turno, la bancada del partido Polo Democrático Alternativo representada por el concejal Álvaro José Argote, argumentó que existe un problema grave en la estructuración del modelo de descentralización en Bogotá ya que no se ha logrado una adecuada arquitectura institucional y se debe reestructurar para garantizar una eficiente gestión pública.
El cabildante Argote Insistió en que se debe fortalecer el Gobierno Local en el marco de la ley con autonomía, descentralizar los ingresos corrientes hasta el 20% progresivamente en un periodo de cinco años. Actualmente, sólo se ha descentralizado 870.000 millones, es decir el 10.65%.
Igualmente, el concejal Manuel Sarmiento manifestó haber encontrado contratación ilegal e irregular en las Alcaldías Locales, actuaciones que se tipifican en una serie de prácticas corruptas. Sarmiento indicó que tiene las pruebas de que el alcalde Enrique Peñalosa y el Secretario de Gobierno, Miguel Uribe, han tenido “una actitud alcahueta con mandatarios locales que están siendo investigados por irregularidades en procesos de contratación”.
Afirmó que durante el año 2017, varios funcionarios del Gobierno de Enrique Peñalosa han sido vinculados a investigaciones disciplinarias y administrativas por presunta corrupción en las alcaldías locales. La Personería y la Contraloría Distrital tienen sus ojos puestos en por lo menos 8 localidades de Bogotá, por lo que las administraciones de Fontibón, Usaquén y Chapinero serán puesta bajo la lupa del cabildante.
El Concejal Celio Nieves ratificó que ante tantas evidencias, “hoy el gobierno de Peñalosa debería pedir la renuncia de las alcaldesas de Fontibón y Usaquén”.
Nieves concluyó que el proceso de recentralización de las funciones de las autoridades locales no es la solución. “Hay que hacer un esfuerzo para que el presupuesto llegue en mayor cuantía a las localidades y vamos a vigilarlo y traer esa propuesta al Concejo de Bogotá para que se le dé cumplimiento a la ley y para que de manera progresiva se gestionen políticas de beneficio a las gentes de las localidades principalmente a las más pobres de la ciudad”.
