Como concejal de Bogotá y en estricto apego al derecho, radiqué ante e Tribual Superior de Cundinamarca, una solicitud para que se revise la constitucionalidad que tiene la consulta antitaurina a la que le dio concepto favorable el cabildo distrital.
Dentro de los argumentos presentados está el acatamiento a los fallos judiciales, ya que la Corte Constitucional ordenó el regreso de las corridas de toros a la Santamaría y ese fallo se debe respetar y acatar. Adicionalmente el realizar una consulta antitaurina podría violar el derecho a las minorías y sus expresiones populares, culturales y artísticas, que adicionalmente están contempladas en una ley que no puede ser modificada por un mecanismo de participación ciudadana sino por el congreso de la república.
También hay que tener en cuenta que en el concejo distrital pudieron existir errores de tramite, ya que la prorroga para la discusión de la consulta se dio bajo la nueva ley de participación 1757 de 2015, pero la discusión se abordó definitivamente bajo la vieja ley 134 de 1994 y a esa, nunca se le pidió ni se le aprobó prorroga alguna, por lo que la discusión en el concejo se le dio a una solicitud del alcalde con los términos vencidos.
Esta solicitud al alto tribunal es netamente jurídica y está totalmente alejada a una discusión frente al tema del maltrato animal, discusión a la que estoy abierto en otro escenario después de que se supere el análisis jurídico y de acatamiento a la ley que propongo
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