- La concejala citante María Victoria Vargas reveló que existen 109 procesos de responsabilidad fiscal activos y 238 procesos disciplinarios vigentes relacionados con la gestión de recursos en las localidades de Bogotá.
Este viernes, durante el debate de control político sobre la contratación y gestión de las alcaldías locales y los Fondos de Desarrollo Local, la concejala citante María Victoria Vargas expresó su preocupación por el elevado número de investigaciones que actualmente adelantan los organismos de control relacionadas con el manejo de recursos públicos en las localidades de la ciudad.
Según la información presentada durante la sesión de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno del Concejo de Bogotá, actualmente existen 109 procesos de responsabilidad fiscal activos relacionados con posibles afectaciones a recursos de los Fondos de Desarrollo Local. Adicionalmente, se mencionó que otros 116 procesos de responsabilidad fiscal ya fueron archivados.
La cabildante también dio a conocer cifras de la Personería de Bogotá, según las cuales existen 238 procesos disciplinarios vigentes relacionados con la gestión de las localidades. Asimismo, se registran 66 procesos archivados y terminados, 23 procesos con decisión inhibitoria y 15 procesos con fallo exoneratorio.
Frente a estos resultados, Vargas cuestionó la efectividad de las actuaciones adelantadas por los organismos de control y llamó la atención sobre la diferencia entre el número de investigaciones abiertas y las decisiones de fondo adoptadas. “Hay muchas alertas, muchos procesos, muchas investigaciones y hallazgos, pero al final muy pocos fallos. Así la gente termina sintiendo que en las localidades pasa de todo, pero nadie responde”, afirmó la concejala.
Durante su intervención, la cabildante también manifestó su preocupación por la falta de respuesta a solicitudes de información elevadas ante la Fiscalía General de la Nación.
Al cierre de la sesión, y por solicitud de la concejala citante, el debate fue suspendido y continuará en una próxima jornada. La decisión tuvo como propósito garantizar que las entidades convocadas alleguen la información necesaria para el desarrollo integral del debate de control político.
