Gracias al Consejo de Estado se salvaron 34 mil millones de pesos del presupuesto de la ciudad, que Gustavo Petro pensaba gastarse a toda costa, para realizar una consulta antitaurina, en la que no era vinculante su resultado y pasaba por encima de sentencias de la Corte Constitucional y leyes expedidas por el Congreso de la República.
Desde el Concejo de Bogotá habíamos alertado a la Contraloría y Personería distritales, a la Procuraduría General de la Nación e incluso al propio Registrador distrital, que la intención de Gustavo Petro de invertir recursos del presupuesto de la ciudad en la consulta podría configurar el delito de peculado por destinación oficial diferente.
En un estado de derecho las minorías se respetan y las decisiones de los altos tribunales y el congreso, no se pueden cambiar por artilugios jurídicos que buscan más intereses políticos que ciudadanos. Mucho menos se pueden gastar recurso públicos en complacer caprichos y vanidades. Anexo cartas de alerta enviadas a los organismos de control.
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