En contraste con esta situación, es inexplicable la decisión expresada del Alcalde en el Plan Distrital de Desarrollo, al derogar, fusionar y reorganizar normas que han creado herramientas poderosas para tratar los problemas arriba señalados; entre ellas, el Observatorio de convivencia escolar[2], creado mediante acuerdo distrital, de mi autoría. Es “un espacio de reflexión pedagógica, con el objeto de incentivar la investigación y el diseño de estrategias encaminadas a prevenir situaciones de violencia escolar en las Instituciones Educativas Públicas y Privadas del Distrito Capital”.
Igual ocurre con los Equipos interdisciplinarios de orientación escolar en las instituciones educativas oficiales, creados mediante acuerdo, también de mi autoría[3], que “… desarrollarán acciones de apoyo a las instituciones y comunidades educativas en convivencia escolar, solución pacífica de conflictos, orientación vocacional y profesional, con estrategias fundadas en el acompañamiento integral al educando”.
La violencia y la drogadicción no son una especificidad de los adolescentes y jóvenes que estudian en los colegios bogotanos. Tampoco nacieron con la llegada de la izquierda a la Alcaldía en Bogotá, como nos lo quieren hacer creer. El consumo de drogas, lícitas e ilícitas, incluyendo el alcohol y el tabaco, es un fenómeno de gran amplitud y en un alto grado, de aceptación social. Son elementos comunes en muchos hogares y objeto de banalización por los adultos frente a los niños y adolescentes.
La facilidad y rapidez con las que el mercado surte todo tipo de drogas, en una cultura cada vez más abierta a estos temas, contrasta con la falta de conocimiento, acompañamiento y formación en los adolescentes para tomar decisiones frente a las muchas ocasiones que tendrán para decir si o no al consumo.
Las decisiones individuales son difíciles para los adolescentes por ser gregarios. Hacen parte de un grupo donde se sienten en seguridad y construyen valores comunes y una noción de pertenencia. También comparten hábitos como el consumo u otros. Entre ellos mismos construyen sus imaginarios sobre el mundo que difieren de aquellos que agencian el entorno familiar y el sistema escolar. Allí nacen muchos conflictos de convivencia familiar y rechazo a la autoridad.
Los adolescentes y jóvenes se sienten motivados al consumo de drogas por múltiples razones. Muchos estudios confirman que esta actitud no es más que otro síntoma o expresión del malestar o problemas de socialización que les son propios. La búsqueda de la autonomía y la construcción de la identidad son a menudo traumáticas para seres que están en procesos de formación en lo físico y lo emocional.
La sicología nos ha enseñado que el manejo del riesgo es una de las variables de mayor importancia para que un sujeto decida o no consumir sustancias sicoactivas. De allí la importancia de la actitud de los padres de familia, maestros y comunidad para brindar a nuestros hijos información pertinente y oportuna sobre las consecuencias negativas o positivas de sus decisiones.
Los estudiantes bogotanos, en general pasan menos de una cuarta parte de su tiempo en los colegios. La familia, los amigos y la comunidad son sus entornos. Todas esas instituciones deben comprometerse para acompañarlos y protegerlos. Es una utopía creer que solo los maestros pueden contrarrestar la presión social y las facilidades que llevan a los adolescentes y jóvenes, al consumo y a las violencias urbanas.
La jornada única se ha convertido en una necesidad inaplazable junto con el acompañamiento profesional de los docentes, los orientadores escolares y los equipos interdisciplinarios, como garantía para proteger a nuestros adolescentes y jóvenes. De igual manera, debemos salvar el Observatorio de Convivencia escolar, hoy amenazado por el alcalde Peñalosa. Es el único instrumento con que cuenta el sistema educativo para monitorear y recoger evidencias que permitan construir políticas públicas sobre estas amenazas.
En el mismo sentido, el rol de la familia debe ser fortalecido, al igual que el de las comunidades en los entornos escolares. De otra parte, para proteger nuestros adolescentes y jóvenes, es necesario reforzar las intervenciones de la policía y demás autoridades distritales con el fin de combatir la criminalidad y sus estrategias de marketing que por el momento superan con creces las acciones del Estado, en cuanto a acciones de inteligencia y control de los territorios alrededor de los colegios.
Señores del Gobierno Distrital, ante el anuncio de la intervención de entornos escolares de 30 colegios oficiales para “evitar” que jóvenes caigan en redes delictivas, cuidado con la estigmatización de los mismos.
Celio Nieves Herrera
Concejal de Bogotá
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[1] Edición impresa del 14 de junio del 2016, editorial “La ruta de la prevención”.
[2] Acuerdo 434 del 2010 “Por medio del cual se crea el Observatorio de convivencia escolar”
[3]ACUERDO 518 DE 2012(Diciembre 26)“Por medio del cual se constituyen equipos interdisciplinarios de orientación escolar en las instituciones educativas oficiales del Distrito Capital”
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