En las próximas semanas el cabildo distrital debe elegir Personero y Contralor, cabezas de los órganos de control y representantes de dos de los cuatro poderes públicos de la ciudad. Son entidades con un papel de primera línea en la gestión pública de la Capital. Mientras sobre la Contraloría descansa el control del buen uso de cada peso de los bogotanos, sobre la Personería recae la protección de los derechos humanos y la vigilancia disciplinaria de más de 40 mil servidores públicos del Distrito.
La importancia democrática de estos dos órganos radica en que están concebidos para garantizar el juego de pesos y contrapesos o de controles mutuos de los poderes públicos. Y son eslabones que complementan el controlpolítico que ejerce el Concejo y el control social que debe adelantar permanentemente la ciudadanía. Pero estos dos cargos, el Personero y Contralor, son también apetecidos por desafortunadas razones. Para extorsionar o proteger indebidamente a los funcionarios del poder ejecutivo o para deleitarse con su poder burocrático y presupuestal. El año pasado la Personería nos costó 116 mil millones de pesos que financiaron 873 funcionarios de planta y 400 contratistas. Mientras que la Contraloría tuvo un presupuesto de 115 mil millones y una nómina de 976 empleados.
Hay quienes insisten en eliminar estas instituciones alegando razones fiscales y morales. Les parece un gasto innecesario y éticamente reprochable. El Expresidente Uribe en su fallido referendo del 2003 intento suprimirlas sin éxito. Otros consideran que un presupuesto anual de 17 billones y una burocracia pública como la de Bogotá necesitan muchos ojos y controles eficaces y oportunos. Que perderíamos más recursos sin esos diques de contención y de sanción fiscal y disciplinaria. Y que mientras existan legal y constitucionalmente estos organismos deben quedar en manos limpias, justas y competentes.
No es pecado pedirle al Concejo que actúe con responsabilidad. Ya se equivocó a finales del año pasado cuando aprobó una reforma al reglamento que le hizo el quite al concurso público de méritos en la elección de estas dignidades establecido en la ley 1551 del 2012 y el Acto Legislativo 02 de 2015 o reforma de equilibrio de poderes. Equivocación avalada por el entonces Alcalde Gustavo Petro que objetó dicha reforma pero no en favor de la meritocracia, sino para devolverle a los tribunales de Bogotá y Cundinamarca su poder nominador en la elección del Contralor. Objeción que acaba de ser retirada por el Alcalde Peñalosa.
Ojalá la nueva mesa directiva del Concejo en el concurso público que debe hacer para esta elección incorpore rigurosos criterios de idoneidad, experiencia y competencia. Ojalá que se derrote la pretensión clientelista de repartir con milimetría política entre los Partido estos cargos. O la voracidad ilimitada y el poco talante democrático de quienes sintiéndose equivocadamente victoriosos absolutos en las urnas se creen con derechos para imponer autoritariamente sus candidatos sin importar los méritos, las capacidades y la pulcritud. No hace falta mencionar los sectores políticos que atados al pasado se comportan de esa manera. Derrotar esas lógicas torpes y perversas garantiza un control de calidad a los asuntos públicos de la Capital.
