Bajo la premisa del aumento de oportunidades de empleo, mejora en educación y calidad de vida de los habitantes, optimizando a mediano plazo los tiempos y costos de desplazamiento dentro de la ciudad, el distrito pretende solicitar un nuevo cupo de endeudamiento, que será el más alto de la historia de Bogotá, poniendo en riesgo las vigencias y ejecución de futuras administraciones.
En intervención al debate de control político al Proyecto de Acuerdo 271 de 2022, “Por el cual se autoriza un cupo de endeudamiento para la Administración central, los establecimientos públicos del Distrito Capital y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB-ESP)” la concejala Ati Quigua, vocera del Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS, manifestó su preocupación sobre el riesgo fiscal al que estaría expuesta la ciudad de llegar a ser aprobado un nuevo cupo de endeudamiento, adicionando que ante una ciudad agonizante; el Distrito prioriza como una necesidad imperativa la prevalencia de la estructura funcional de servicios, por encima de la estructura ecológica principal. y sentencio “o tomamos conciencia, o sucumbimos ante la autodestrucción”.
Lea: En el día del río Bogotá concejala Ati Quigua, propone soluciones de fondo para su vitalización
El nuevo cupo solicitado por $5.8 billones de pesos genera confusión cuando se observa el articulado, el cual se interpreta como si la administración central solicitará el cupo por $5.8 billones de pesos de los cuales solicitan que se le sume el saldo no comprometido del año 2020. Es decir 5,9 billones de pesos. Lo anterior, indica que realmente se está solicitando la suma de 11,7 billones de pesos.
Del cupo solicitado, prácticamente la mitad de los recursos (49%) van a ser destinados a fortalecer y favorecer la Segunda Línea del Metro, según la administración, para una correcta reactivación económica y social. El restante $2,3 billones para educación, $1,6 billones para salud y $508 mil millones para la seguridad de la capital. Con respecto a la segunda línea del metro no hay claridad frente a la modalidad del contrato a pesar que este aspecto es fundamental para saber cómo será la financiación del proyecto y qué naturaleza tendrá. Es decir, si será pública o privada.
Adicionalmente, el sector descentralizado, en este caso la Empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá, solicita un cupo por 2.85 billones de pesos, al que solicitan además un saldo no comprometido aprobado en el año 2017, por una suma de alrededor de 1 billón de pesos, siendo en total 3.85 billones lo que realmente está solicitando la EAAB para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Canoas.
Sin embargo, los gastos para financiar este proyecto son demasiado elevados para un modelo que en otras partes de Bogotá no ha demostrado resultados eficientes. La suma asciende a $4.83 billones, de los cuales $3.38billones se financiarían con aportes de la EAAB, y el restante $1 billón, los asumiría el concesionario mediante créditos. Pero la subsanación de estos créditos es responsabilidad de la EAAB.
La EAAB es propietaria de la PTAR Canoas, y al mismo tiempo es responsable de los gastos de capital y gastos de operación. Recae en ella el riesgo comercial y fiscal asociado a la operación técnica y contractual. Además, debe garantizar la circulación de ingresos para construcción, pago de deudas y distribución de la operación.
Frente al riesgo en las finanzas, de llegar a asumirse esta deuda, aumenta al tope su capacidad de endeudamiento. En ese sentido, quien en realidad debe asumir la responsabilidad fiscal, por lo menos en parte de los créditos, independientemente de la modalidad del contrato debería ser el concesionario.
Por ello es que las PTAR se convierten en un negocio leonino, en donde se entregará la obra en concesión para que sea operada con recursos públicos. Al mismo tiempo, supone una idea de descontaminación errónea, ya que las PTAR son soluciones tecnocráticas, sin cultura, sin gobernanza y sin gente.
A pesar del impacto en las comunidades, se desconoce la consulta previa y el consentimiento libre e informado como una materialización del derecho a la autonomía y la libre determinación de los pueblos. Las comunidades del agua han venido siendo víctimas de esta situación de despojo histórico y territorial, y por ello, reivindicar y garantizar nuestro derecho a la consulta previa, y al consentimiento libre e informado, sigue siendo una necesidad primordial y de obligatoria observancia por parte de esta administración.
Finalmente aclara que, el problema no es endeudarse, es cumplir los objetivos de las obras sin sobrecostos y asegurarse que los flujos de caja permiten pagar la deuda sin sacrificar el gasto social. Sin embargo, se considera que esto se logra exclusivamente a partir del componente económico, dejando de lado los compromisos públicos de la inversión social. Los indicadores económicos no necesariamente reflejan un mayor bienestar social, el respeto a los derechos ambientales o culturales, o un trabajo digno para mujeres y jóvenes de menores estratos, lo cual debe ser clave para el goce efectivo del derecho a la ciudad y al territorio.
