Para la sesión semipresencial de este 25 de marzo de 2022 en el recinto los Comuneros fue convocada la Comisión Segunda Permanente de Gobierno con el fin de realizar el debate de Control Político a la Proposición Priorizada No. 054 de 2022, cuyo tema es “Espacio Público y Aplicaciones Tecnológicas”, citada por los concejales Carlos Carrillo Arenas, Álvaro Argote Muñoz, Celio Nieves Herrera, bancada Partido Polo Democrático Alternativo.
El debate inició con el concejal citante Carlos Carrillo, quien criticó duramente a las plataformas tecnológicas como Rappi, las cuales aseguró emplean a personal para domicilios ofreciéndoles condiciones poco dignas para vivir. “Son empleos del hambre” y desafortunadamente en Colombia no se ha creado una economía realmente fuerte y estable. En su intervención explicó que Rappi está evaluado en $5.250 millones de dólares, equivaliendo a 20 billones de pesos, siendo el presupuesto de Bogotá en un año.
Continuó el concejal vocero Diego Laserna, expresando que Uber, entre otras, lleva años trabajando en Colombia, no se ha regulado su funcionamiento y se debe llegar a la formalización de salud y pensión. Dijo que Rappi tiene unos tiempos para las entregas a sus clientes y los dueños no asumen responsabilidades en cuanto al tema relacionado con la movilidad y cada vez tienen menos bicicletas, usando bici-motores a dos tiempos, no legales, llegado ocupar los bici-carriles.
En su intervención, el concejal Sarmiento precisó, ¿Qué clase de empresa es Rappi? Siendo un negocio de carácter global. Dijo que el mundo en general es controlado por el capital financiero y estas empresas pertenecen a fondos privados internacionales con mercados especulativos, teniendo ciertos modos de protección y se convirtieron en un modo de empleo libre.
En su participación, la concejala Susana Muhamad, aseguró que el 57% de los trabajadores de las aplicaciones son migrantes y esa economía se convirtió para ellos un espacio de sobrevivencia, afectando totalmente las normas del espacio público.
Avanzado el debate participó el concejal Marco Acosta, explicó que la problemática recae en 2 vías, “la primera relacionada con el uso inapropiado del espacio público y la segunda con el derecho al trabajo, especialmente las personas vulnerables”.
“La realidad tecnológica ha superado la velocidad de la normatividad” afirmó el concejal Fabian Puentes. Añadió que en el año 2018, se llegó a tener ganancias de $381 millones de dólares por parte de las aplicaciones y comparándose en algunos casos, ha llegado actualmente a un 420% de crecimiento. En Colombia, las plataformas tecnológicas según un informe de Fedesarrollo llegan al 0.2% del (PIB). ¿Se ha capacitado los domiciliarios en seguridad vial? preguntó el cabildante.
El concejal Juan Baena, recordó como era la movilidad hace unos años, donde un conductor de taxi manejaba la tarifa a su gusto, dando a veces mal servicio a los usuarios. Explicó que en muchos aspectos se ha mejorado la calidad del trabajo y les ha dado recursos para el sustento de sus familias. ¿Qué harían estas personas sin el uso de los aplicativos?
A su vez, el concejal Samuel Arrieta comentó lo interesante de tener esta clase de debates, y aseguró que estos negocios se establecieron como un monopolio. “Es una realidad muy puntual que es la brecha económica, donde una de cada 3 personas actualmente está en condición de pobreza”, manifestó el cabildante.
El concejal Colmenares, aclaró que es muy diferente dar cifras a recorrer verdaderamente la ciudad. En su intervención aseguró que es vital evaluar la crisis debido a lo que se vivió en la pandemia.
Cerrando el debate, participó la representante de la ONG Solidaridad Internacional, la señora Sandra Muñoz, quien resaltó lo importante de hablar del modelo y de la estructura de las plataformas digitales. “El uso de estas se debe a la ubicación, georreferenciación. Es trascendental cultivar los espacios de diálogos con los repartidores según el decreto 082” explicó.
La ciudadana, Luz Mirian Fique Rappitendera, declaró “somos conscientes, de no tener un lugar adecuado para trabajar, vivimos un maltrato y rechazo de la ciudad. Las empresas se benefician de las ganancias, sin aportar nada”.
Aportando al debate, siguió el edil de la localidad de Chapinero, Edmundo López, expresando las condiciones a las que están sometidos los Rappitenderos, y aseguró que están violando todo derecho fundamental.
En la intervención final de la comunidad habló Antonio Colina, Presidente de la subdirectiva de la Unidad Bogotá. En su participación dijo: “Los domiciliarios tenemos jornadas completas, extensas de más de 8 horas laborales y más agotantes que un empleo tradicional.”
Finalmente, el Presidente de la Comisión dio por finalizada la jornada y se continuará con la discusión en una próxima sesión.
Concejo de Bogotá
