La viabilidad del petróleo está fragilizada. La central hidroeléctrica de Guatapé tuvo problemas, al igual que las de San de Carlos, Jaguas, Playas y Termoflores en Barranquilla. El 13% de la producción de energía eléctrica en el país está interrumpida mientras el sistema que la genera trabaja a pleno régimen y sin margen de error. Nuestra posibilidad de comprar energía en el exterior está saturada y cubre apenas el 7% del consumo nacional. El racionamiento parece inevitable.
La crisis energética es grave aunque tiene precedentes como el de 1992. Más allá del recuerdo de los apagones y el fraude de las barcazas, se han calculado pérdidas superiores a 12 billones de pesos. Paradójicamente, algunos celebran la venta de ISAGEN., por una suma que no alcanza la mitad de dichas pérdidas. No aprendimos la lección y vamos hacia una segunda versión de aquella época oscura; con un agravante mayor: la privatización de las empresas públicas del sector energía, es decir, la enajenación de nuestra soberanía y seguridad energética.
Allí donde ISAGEN despliega hoy su “portafolio”, los servicios públicos dejaron de ser públicos, el agua y la energía son privados. El objetivo era brindar el servicio a los ciudadanos en tanto que sujetos de derechos, ahora importa la rentabilidad en el contrato de una empresa privada con sus clientes. Esto imposibilita, por ejemplo, llevar el servicio de “agua y luz” a quienes habitan en zonas retiradas, o cercanas sin capacidad de pago, por no ser rentable. El ejercicio de lo público, por el contrario, obliga a garantizar a todos y todas dichos servicios y derechos, en condiciones de equidad y sin condicionamientos de lucro. La venta de ISAGEN., significa enajenar, en parte, la soberanía energética del país, entendida como el control que éste, ejerce sobre sus recursos como el agua y otras fuentes de energía.
No se puede hablar de una Colombia independiente si no controla sus recursos naturales ni la generación de energía. El agua y la energía son determinantes para la vida, la supervivencia y el desarrollo de la economía. El país debe trazar su propia estrategia, en materia energética, que no coincide con los intereses privados, dado que éstos no buscan el beneficio común sino que responden a las expectativas de lucro de “las acciones” y sus propietarios; de allí el gran revuelo en torno a las 68.716 acciones que poseen los bogotanos en ISAGEN.
La decisión del alcalde, privatizador a ultranza, de vender estas acciones muestra lo que le espera a las empresas públicas del Distrito Capital y amenaza la soberanía y seguridad energética de Bogotá. No ha tenido, el señor Peñalosa, la delicadeza de esperar la decisión de fondo, de los tribunales, frente a la acción popular interpuesta, contra la venta de ISAGEN., por los senadores Jorge Robledo, Antonio Navarro, Sofía Gaviria, Ivan Duque y Vivian Morales, entre otros, y la Red de Justicia Tributaria. Sustentaron la demanda ante la presunción de violación a tres derechos colectivos: la moralidad administrativa, el patrimonio público y la libre competencia; razón suficiente para que el gobierno distrital, retire el proyecto de acuerdo que presentó al Concejo de Bogotá solicitando autorización para la venta de las acciones de la ciudad en ISAGEN.
Debemos fortalecer, desde ya, la defensa de la Empresa de Energía de Bogotá, EEB., que pronto querrán colgar en la lista de “saldos”, aunque es la única capaz de garantizar la autonomía del Distrito Capital, en el manejo de su política de transmisión de energía. La grave crisis que hoy atraviesa Colombia, es un campanazo de alerta que nos llama a crear una sociedad más justa y responsable con los recursos naturales y energéticos.
Celio Nieves Herrera
Concejal de Bogotá
Marzo del 2016
